Mediante la Resolución 590/2021, este martes el Ministerio de Economía declaró “lesivo al interés general” un acuerdo suscripto en mayo de 2019 por las ex secretarías de Energía y de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico con las distribuidoras Edesur y Edenor.
En la resolución publicada en el Boletín Oficial también se instruye a la Dirección de Asuntos Contenciosos de Energía para que “inicie acción judicial de lesividad contra Edenor y Edesur a fin de obtener la declaración judicial de nulidad del convenio y de los actos dictados en su consecuencia”. En el mismo sentido, se suspendieron los trámites administrativos relativos a la ejecución de las obligaciones originadas por el convenio.
En el año 2018 se instruyó al Poder Ejecutivo Nacional para que desde enero de 2019 Edenor y Edesur pasen a estar sujetas a la jurisdicción de la provincia ý la ciudad de Buenos Aires. En febrero de ese año ambas jurisdicciones firmaron el “Acuerdo de Transferencia de Jurisdicción del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica” aceptando el traspaso que comenzó el 1 de marzo y la creación de un ente de carácter bipartito de control y regulación del servicio público de energía eléctrica.
En el contexto de ese proceso, el Estado suscribió con las distribuidoras el “Acuerdo de Regularización de Obligaciones para la Transferencia de las Concesionarias a las Jurisdicciones Locales”, con el que se ponía fin a una serie de disputas y obligaciones recíprocas derivadas de la renegociación contractual de 2006 y la Revisión Tarifaria Integral de 2017.
En una primera instancia, el nuevo gobierno del Frente de Todos suspendió los pagos en el marco de la emergencia económica declarada a fines de 2019, estableciendo además que “el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) mantendrá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía de las concesionarias Edenor y Edesur”. Así, el organismo de control realizó una auditoría que determinó que el Acuerdo de Regularización “contiene distintos vicios que acarrean su nulidad absoluta”.
“Los pasivos regulatorios fueron subestimados, destacándose que las sanciones aplicables a las concesionarias fueron recalculadas especialmente en el marco del Acuerdo de Regularización, utilizándose premisas específicas de valorización y actualización dictadas por la ex Secretaría de Energía, resultando en valores sustancialmente menores a los determinados por el ENRE en base a las premisas de cálculo oficiales establecidas para aquéllos”, detalla la auditoría.
Luego se subraya, dando cuenta de una clara intención de favorecer a las empresas en perjuicio del Estado: “Se evidencia en tanto el Acuerdo de Regularización se asienta en antecedentes de hecho, cuanto menos claramente erróneos, ya que parte de un incorrecto cálculo de los montos reconocidos por el Estado Nacional a favor de las concesionarias”. Y concluye: “Estimando los coeficientes del Mecanismo de Monitoreo de Costos (MMC) definidos en las actas acuerdo de renegociación contractual y aplicando los coeficientes de ajuste por inflación de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, se arribaría a la conclusión de que no habría saldos que reconocer a Edesur y que el activo regulatorio de Edenor pasaría a ser un saldo negativo para la empresa”.
