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Docentes uruguayos paran por una educación democrática

Maestros uruguayos comenzaron este miércoles un paro con movilización; entre las demandas piden por un mayor presupuesto, la rendición de cuentas sobre la votación en el Parlamento, libertad sindical y un proyecto educativo democrático. Las concentraciones están convocadas para la plaza 1º de Mayo, donde se unirán con el gremio de funcionarios estatales.

La secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), Elbia Pereira, señaló que “el presupuesto para la educación no contempla de ninguna manera la recuperación del salario que perdimos desde 2020”. Además, explicó a los medios locales que los recursos destinados a cada niño este año fueron un cuatro por ciento menos que en el periodo previo, y hay cera de 1.000 grupos escolares con problemas de superpoblación.

Según lo hicieron saber a través de la Federación de Profesores de la enseñanza Secundaria (Fenapes), los docentes también se manifiestan contra la privatización de la educación. Del mismo modo, alertaron sobre una campaña de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) contra el gremio, a través de la investigadora parlamentaria que busca información sobre la justificación de horas sindicales durante el último Gobierno del Frente Amplio.

Desde Fenapes aseguran que pueden organizarse otras movilizaciones en los próximos días, relacionadas con las reformas que el presidente de la ANEP, Roberto Silva, anunció que se llevarían a cabo en 2022 y 2023.

Además de los maestros, la plaza 1 de Mayo recibirá el paro simultáneo de la Federación de Funcionarios del Estado (COFE), bajo la consigna de “en defensa de los servicios estatales y contra el ajuste” y por la recuperación de los salarios perdidos como líneas principales de mensajes. Mientras tanto, la Federación de Funcionarios de la salud Pública (FFSP) también se movilizará por salarios dignos, atención primaria de calidad y demandas para que la Administración de servicios de Salud del Estado no debilite la entidad pública en respuesta a las presiones corporativas.

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