A una cuadra y media del obelisco, en Cerrito 236, la Confederación de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores del País (CONJUB) vuelve a la carga con un viejo reclamo al Estado para que se cumpla la legislación en materia de discapacidad.
En este caso, su vicepresidente, Pedro Avalos, en diálogo con La Gota, por Radio Argentina, insiste en el derecho, vigente por ley, «a tener un kiosco inclusivo en un espacio público: un aeropuerto, un ministerio, una terminal de ómnibus, en uno de los 2000 organismos que existen -sólo en la capital y el gran Buenos Aires- para poder aplicarlo.
"Hay 800 discapacitados que hace 20 años buscan una oportunidad de trabajo" Pedro Avalos (ConJub)
por AM570 Radio Argentina con @ChiniEdgardo y @laubeheranhttps://t.co/M6UAazkwkJ— Estado de Alerta (@EstadoDAlerta) April 23, 2019
Al respecto contó que «son unas 800 personas que realizan el reclamo desde hace más de 25 años. De los cuales «muchos de ellos ya tiraron la toalla y han fallecido en este lapso» cansados de tanta «desidia» por parte del Estado.
«El mismo Estado ha establecido el tapón que impide llevarlo a cabo» señaló, pues cuando una persona nueva plantea su derecho de acceder a estos kioscos le dicen desde hace más de dos décadas que «no es posible porque hay 800 personas antes”.
La realidad desmiente estos números ya que «de 2000 organismos existentes, hoy sólo hay 100 lugares adjudicados, es decir una mínima proporción», acusó Avalos.
«Estamos impulsando con fuerza un amparo judicial para que se cumpla la ley» amenazó Avalos, luego de una larga militancia en discapacidad, que, frustrada tras «no haber logrado nunca el cupo del 4% ni tampoco un kiosco inclusivo» lo llevó a graduarse de abogado y abocarse a colaborar con ésta causa.
Además de acusar al Estado, la CONJUB denunció al Gobierno «que se ha apropiado de 1000 millones de dólares de los discapacitados, a la vista de todos -porque se ha hecho a través de un decreto, el 908/16- a través del cual se da utilización del dinero que aportamos a la obra social, «en la bicicleta financiera», situación que «nos está privando de sillas de ruedas , de audífonos, de maestras de apoyo».
«Reclamamos la devolución de los fondos y exigimos el fin de esta persecución en la quita de pensiones por discapacidad a las que les inventan faltas incompatibilidades», señaló al mismo tiempo que abogó: «es indispensable que una pensión sea por ley compatible con el salario mínimo vital y móvil» de modo que permita que la persona con discapacidad trabaje y gane un sustento digno para sostenerse a sí mismo y a su familia.
«Ese sería su verdadero certificado de inclusión en la sociedad» concluyó, lo único que nos ayudaría a terminar con «tanta hipocresía».
