Mientras que en las afueras del Congreso el Gobierno nacional de Javier Milei, junto con la administración porteña de Jorge Macri, despliegan un absolutamente desproporcionado dispositivo de seguridad para la movilización de jubilados convocada para las 16, el Parlamento se prepara para una sesión compleja, en la que se va a discutir la aprobación a la firma de un nuevo acuerdo entre el Estado argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que el oficialismo impulsa por un decreto de necesidad y urgencia (DNU), que buscan ratificar por alguna de las Cámaras, pese a que no se informaron los detalles del mismo. El oficialismo afirma contar con los votos para aprobar la iniciativa y anticipa una sesión breve, que podría terminar antes del inicio de la movilización.
A última hora del martes, el oficialismo logró sacar dictamen a favor del DNU, tras una complicada reunión de la Comisión Bicameral de Permanente de Trámite Legislativo, confiando en la aprobación de este miércoles en Diputados (gracias al apoyo de algunos de sus aliados, especialmente de la UCR y la Coalición Cívica). Desde el PJ Nacional se anticipó su rechazo a la iniciativa y denunció que Milei “pretende eludir el cumplimiento de la Ley 27.612 que obliga al Poder Ejecutivo a remitir al Poder Legislativo el texto completo y final del nuevo acuerdo con el FMI, indicando monto, tasa de interés fijada, fechas de vencimiento y demás condicionalidades”.
Según denunciaron numerosas organizaciones políticas, sociales y sindicales en un comunicado público, este mecanismos para el nuevo acuerdo de endeudamiento, “resulta violatorio de lo dispuesto en los incisos 4, 7 y 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Asimismo, la Ley 27612, actualmente vigente, dispone con claridad que cualquier programa de financiamiento acordado con el FMI debe ser aprobado por el Congreso Nacional”.
El intento de avalar la iniciativa por medio de un DNU no sólo busca “eludir el debate en el Parlamento” sino que resulta absolutamente inconstitucional, en tanto los DNU sólo pueden dictarse “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes”, lo que no tiene nada que ver con el momento actual, en el que el Congreso está en normal funcionamiento.
En este sentido, los firmantes recordaron que tras el acuerdo con el FMI que firmó el gobierno de Mauricio Macri, los funcionarios responsables de esta “maniobra“ fueron denunciados penalmente por la Oficina Anticorrupción por «defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos», por los procedimientos con los que se avanzó con el préstamo.multimillonario de 2018, acusándolos de “violación a los deberes de funcionario público, malversación de fondos públicos y defraudación a la administración pública”. La denuncia incluyó al propio Macri, al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, a los extitulares del Banco Central Adolfo Struzenegger y Guido Sandleris, y al ministro de Finanzas Luis Caputo.
Marcha de jubilados: «Cese de actividades» de ATE para acompañar la protesta del miércoles
Los firmantes denuncian que la firma del nuevo acuerdo que busca Milei “condicionará la situación económica y financiera del país y la vida de la gran mayoría de los argentinos por varias generaciones”, en tanto “socava la cohesión social, la inclusión económica y los derechos humanos fundamentales, profundizando las desigualdades y las tensiones sociales en Argentina”.
En ese marco, se le solicita a los legisladores opositores que rechacen el acuerdo, en tanto que “por su ilegalidad e ilegitimidad de origen, es susceptible de ser repudiado por las futuras administraciones de nuestro país, extendiendo la responsabilidad por la violación del orden nacional e internacional, a todos los funcionarios que suscriban el mismo”.
Firman el comunicado los titular de las CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores (Hugo Godoy y Hugo Yasky), el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; Héctor Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense), Juan Carlos Alderete (CCC), Walter Correa (ministro de Trabajo bonaerense y titular del Sindicato de obreros Curtidores), y dirigentes de la seccional CGT Zona Oeste, la Federación Vial Nacional, SATSAID, Pastoral Social Evangélica; Asociación Americana de Juristas; Curas en Opción por las y los Pobre, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Autoconvocados contra la Deuda, Unidad Popular, Libres del Sur; La Patria es el Otro, Patria y Futuro, Izquierda Latinoamericana, APDH, Coordinadora Argentina de DD.HH.; Instituto Espacio para la Memoria, Ni Una Menos, Federación Nacional Campesina y muchos otros.
Las dos CTA vuelven a marchar con los jubilados y exigen renuncia de la Ministra de Seguridad
