Para la segunda mitad de su Gobierno, el presidente Javier Milei tiene planeado avanzar con una aún más profunda reforma laboral (en el marco de otra serie de reformas estructurales regresivas del Estado Nacional), modificando la legislación con una serie de iniciativas que serían enviadas al Congreso nacional hacia finales de este año, apostando a que tras las elecciones intermedias se hayan fortalecido sus bloques tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
Aunque por medio de la Ley Bases, aprobada el año pasado, se avanzó en una serie de cambios laborales muy cuestionados, como el que incorporó la figura del “trabajador independiente con colaboradores” o las modificaciones a las indemnizaciones por despido, tras las elecciones se prevé, en sintonía con los reclamos de sectores empresariales y agropecuarios, avanzar con una flexibilización laboral aún mayor. Todo esto, pese a que los cambios ya aplicados no lograron ninguno de los objetivos previstos, ni bajar el desempleo ni reducir la informalidad laboral, ya que ambos datos se dispararon producto de la creciente crisis económica.
Milei cerró el encuentro de AmCham prometiendo reforma laboral y menos impuestos para empresarios
Uno de los ejes prioritarios para la próxima etapa pasa por la litigiosidad laboral, algo que desde el sector empresarial definen como “la industria del juicio”. En este sentido, reclaman aún mayores facilidades y cobertura legal para los despidos y una reducción de las multas e intereses aplicables al pago de las indemnizaciones laborales.
Según un informe presentado a la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Senado, en 2024 los juicios laborales alcanzaron un récord de 125.842 casos (superando en un 7% al año previo) y para este año se anticipan más de 132.000 demandas laborales. Lo que no es de extrañar en un contexto en el que, según reconoció la Unión Industrial Argentina (UIA) en los últimos días, se están perdiendo 1500 empleos registrados por día casi desde inicios de este año. En ese marco, siendo el sector PyME el más golpeado por las políticas económicas del oficialismo, cerca de la mitad de las empresas del sector enfrentan litigios laborales.
