El Gobierno decidió modificar alguno de los aspectos cuestionados del proyecto de ley de emergencia económica que envió el lunes al Congreso. Además de eliminar el artículo que proponía “superpoderes” para Alberto Fernández, la protesta de varios gremios educativos se confirmó que en la nueva versión los docentes de todos los niveles quedarán excluidos de la suspensión de la movilidad jubilatoria por seis meses, que preveía el proyecto original.
Este jueves se definieron algunas modificaciones de último momento en el extenso proyecto de Ley de Solidaridad y Reactivación económica. Particularmente en lo que hace a excluir a docentes de primaria, media, terciarios, universitarios, investigadores y científicos de los regímenes especiales alcanzados por la suspensión de movilidad jubilatoria.
Las modificaciones al proyecto se acordaron luego de que gremios como AGD UBA, Ademys, Conadu(H), Conadu, SUTE y CTERA manifestaran sus críticas a la formulación original. En un comunicado de CTERA se había expresado su “profunda preocupación” por el contenido de los artículos 51 y 52 de la iniciativa, que suspendían por seis meses la actualización jubilatoria para los docentes de las once cajas previsionales transferidas al ANSES, que además reemplazaba los ajustes periódicos por aumentos por decreto. Desde AGD UBA se fue aún más lejos, definiendo este aspecto del proyecto como una continuidad de “la contrareforma previsional que impusiera Macri en 2017”.
Docentes universitarios repudian el congelamiento de la movilidad jubilatoria
Hugo Yasky, docente y titular de CTA, aclaró que con la nueva versión “no se suspende la movilidad jubilatoria, se excluyó a los docentes, universitarios, y científicos”. Aunque el dirigente aclaró que comparte el espíritu general de la ley de asistir a los que menos ganan, los maestros también estuvieron entre los más golpeados por el “ataque” al sistema previsional.
De todos modos, dentro del Frente de Todos siguen discutiéndose algunos aspectos del proyecto. El economista Claudio Lozano, vinculado a la CTA Autónoma, criticó que la iniciativa de dejar en suspenso por seis meses la fórmula de actualización jubilatoria cuando se esperaba el cumplimiento del aumento prometido en campaña del 20% “parece generar una suerte de inequidad hacia los jubilados”. En el mismo sentido, alertó que los dos bonos de 5 mil pesos que cobrarían los jubilados “no son universales” y también cuestionó el hecho de que “luego de febrero habrá que esperar los aumentos por decreto”. También planteó el alerta sobre los nuevos reclamos judiciales que puede abrir la medida, abriendo la puerta a otra catarata de juicios previsionales.
