Desde la CTA Autónoma denunciaron que con facturaciones presuntas con aumentos “inauditos”, las empresas de servicios públicos están “extorsionando” a millones de usuarios en todo el país, a “omitiendo normas dictadas por los organismos de control para evitar abusos”.
En las últimas semanas miles de usuarios de servicios de gas, luz, telefonía fija o móvil, televisión por cable o internet denunciaron en redes sociales la llegada de facturas con montos varias veces superior a los habituales, sin que tengan ninguna relación con un incremento de los consumos.
Frente a esta situación, organismos de control como el Enargas o el ENRE (gas y electricidad, respectivamente), comunicaron a las distribuidoras que ante la imposibilidad de tomar el consumo real de los medidores por la cuarentena obligatoria, deberán facturar con el monto de menor consumo de los últimos tres años, hasta tanto se cuente con lecturas efectivas de consumo. En algún caso, también se instó a que utilicen herramientas informáticas para que sean los mismos usuarios los que puedan realizar online declaraciones juradas de consumo.
Pese a estas resoluciones, denunciaron desde CTA-A, las empresas enviaron facturas con grandes aumentos “valiéndose de diferentes argucias: modificación de las fechas de facturación en el caso de grandes prestatarias, cobro de fuertes recargos en servicios que -insólitamente- tuvieron serias deficiencias (navegación de internet, telefonía celular), o importantes incrementos en servicios adicionales que prestan las cooperativas de servicios públicos (sepelios, saneamiento, cloacas, sistema Municipal de Bomberos Voluntarios, etc.) y que se incluyen en la boleta mensual o bimestral”.
Por esto, desde la central gremial exigieron un “resarcimiento” para los usuarios afectados con sobrefacturaciones, incluyendo no sólo la devolución de lo facturado de más en caso de que ya se haya abonado sino también la prohibición de suspensiones o cortes de servicios por falta de pago, en caso de que el usuario se haya negado a pagar estos montos “ilegítimamente facturados”. Desde la CTA-A aclararon que si bien las normas dictadas por el Poder Ejecutivo prohíben los cortes a los usuarios en condiciones más vulnerables “no contempla estas nuevas situaciones que “inventaron” las empresas de servicios públicos en la Argentina”, por lo que sería necesaria una normativa específica.
En un texto firmado por el secretario General Pablo Micheli y por la secretaria Adjunta Dora Martínez, plantearon además la necesidad de crear “una mesa de trabajo en la que participen los usuarios/as, las organizaciones sindicales, las empresas, el Estado y los especialistas para reconfigurar la prestación de los servicios públicos, cuyas concesionarias fueron parte de los grandes ganadores de los últimos años a costa del bolsillo de millones de usuarios/as y con supuestas inversiones que cobraron, pero que, en muchos casos, no realizaron adecuadamente”.
