Como parte de la batalla oficial para tratar de contener la disparada inflacionaria, este miércoles la Secretaría de Comercio Interior imputó a 12 empresas por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumos masivo que integran el programa Precios Cuidados. La imputación se tomó a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC) y alcanzó a las empresas Mastellone, Fargo, Aceitera General Dehesa (AGD), Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian. Las mayoría de las empresas imputadas son líderes en sus respectivos sectores, por lo que sus decisiones impactan directamente en el mercado, generando desabastecimiento inmediato y un consecuente encarecimiento del resto de los productos.
Más allá de la retórica oficial, que celebró como un triunfo la reunión del pasado 11 de febrero con empresarios de distintos sectores en la que se comenzaron a charlar mecanismos para el control de precios, lo cierto es que no fueron parte del evento algunos importantes referentes del sector alimenticio que operan como principales formadores de precios. Además de la ausencia de industriales como Paolo Rocca (Grupo Techint) o Hugo Sigman (Grupo Insud), que delegaron la participación en sus CEOs, fueron notorios los faltazos de Alfredo Coto (supermercados COTO) y Miguel Acevedo (actual titular de la UIA e histórico referente de la industria aceitera, por lo que las sanciones a AGD, Bunge, Molinos Río de la Plata y Molinos Cañuelas no le son indiferentes). Las tensiones respecto del plan oficial, que habían quedado claras la semana pasada, sufren una nueva escalada con las sanciones de este miércoles.
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El organismo que conduce Paula Español informó que las imputaciones se realizaron luego de verificar que las mencionadas empresas habrían incumplido la intimación a “incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”, establecida por la Resolución 100/2020 y sus modificatorias, en el marco de la emergencia sanitaria establecida en 20 marzo del año 2020. Esa Resolución, que establece el marco legal para la implementación de los Precios Máximos, tiene como finalidad proteger a las y los consumidores de posibles abusos en los precios y garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados.
La Secretaría reveló que durante las fiscalizaciones realizadas en comercios, inspectores de la SSADC identificaron algunos faltantes en góndolas de productos de consumo masivo. A partir de esta evidencia, se realizaron inspecciones en las oficinas administrativas de diversas empresas proveedoras, lo que derivó en distintos requerimientos de información sobre stocks e inventarios durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, y enero de 2021.
Del análisis de la información remitida por las propias empresas se pudo constatar una importante caída de la producción o distribución de diversas gamas de productos. Por ejemplo, en la empresa multinacional Unilever, que elabora alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, se detectó una caída de casi el 100% en su inventario de aderezos. La multinacional alimenticia Danone tuvo una disminución relevante en la producción y despacho de quesos cremas y postres durante el trimestre relevado. La multinacional Procter & Gamble (P&G), que elabora productos de limpieza y para el cuidado personal, redujo el stock de varias presentaciones de pañales y detergentes. Fargo redujo la producción de ravioles y ñoquis, tapas de empanadas y de pan lactal en todas sus variedades.
En aceites y otros productos vinculados con el sector, AGD acreditó una baja de inventario en su totalidad de marcas y presentaciones, Molinos Río de la Plata relevó una importante reducción de inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites. Bunge redujo el despacho de aceites envasados y una variación negativa de stocks de harinas. Por último, la láctea Mastellone, la distribuidora de golosinas Potigian, la empresa regional de alimentos agroindustriales Molinos Cañuelas y el frigorífico Paladini no aportaron la información con el detalle requerido para realizar un análisis completo.
En los casos en que se verificó una reducción de la producción o en la distribución de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza, las imputaciones intiman a las empresas para que en el plazo perentorio de 5 días hábiles acrediten ante la SSADC de modo fehaciente haber dado cabal cumplimiento a la norma, requiriéndoles que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020 y arbitren las medidas para asegurar el transporte y provisión de los productos para su efectiva comercialización.
