La oleada de repudio a la decisión del Gobierno de aprobar una «compensación» a las empresas distribuidoras de gas que deberán pagar los usuarios en 24 cuotas a partir del próximo mes de enero, tuvo este lunes una repercusión judicial cuando el fiscal federal, Guillermo Marijuan presentó una denuncia contra el titular de la Secretaría de Energía Javier Iguacel por presunto “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”.
La denuncia, que cayó en el juzgado de María Servini de Cubría, pide una medida cautelar para suspender el “pago extra” en 24 cuotas a pagar a partir del próximo mes de enero que el Gobierno pretender imponerle a los usuarios. Según estimaciones, ya que el monto a pagar no fue informado, la resolución apunta a recaudar unos 10 mil millones de pesos que los usuarios deberían pagarle a las empresas distribuidoras de gas por la diferencia en el precio dolarizado del gas que le compran a las petroleras.
La medida aprobada por Iguacel generó indignación desde su anuncio durante la semana pasada, particularmente por producirse apenas 5 días después de la confirmación de un aumento del 35% en las tarifas del gas. Ante la oleada de críticas, el funcionario intentó aclarar que no se trata de una “compensación para las empresas” y afirmó que la mayoría de los usuarios que manifestaron su queja “son kirchneristas”.
En la denuncia de Marijuan se considera que Iguacel es, “prima facie”, autor del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, previsto en el artículo 248 del Código Penal. Según el fiscal, “si bien se justifica la aplicación de la medida con el fin de compensar a las prestadoras del servicio de distribución, como consecuencia de la variación del tipo de cambio, la resolución cuestionada provoca un perjuicio al patrimonio de los consumidores”.
