El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales alertó sobre las consecuencias del nuevo decreto del Gobierno nacional, que habilita el ingreso irrestricto de buques y tripulaciones extranjeras, «debilitando los convenios colectivos locales».
“Es el tiro de gracia a la Marina Mercante Nacional”, aseguró Mariano Moreno el titular del gremio al refererirse al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, firmado por el presidente Javier Milei y advirtió que «la norma habilita una competencia desleal de flotas extranjeras, promueve la precarización laboral en el sector y representa un retroceso histórico en términos de soberanía, empleo y desarrollo industrial.
Puntualmente este dictamen, firmado por el presidente Javier Milei junto a buena parte de su gabinete: Federico Sturzenegger (Desregulación), Guillermo Francos (Jefatura de Gabinete), Luis Caputo (Economía), Luis Petri (Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad) y Gerardo Werthein (Infraestructura), modifica la Ley 27.419 de Desarrollo de la Marina Mercante e Integración Fluvial Regional.
Moreno calificó el decreto como “nefasto” y desestimo «los argumentos que expresan en sus considerandos» ya que «no son reales y no van a generar ningún desarrollo de la Marina Mercante Nacional, sino que por el contrario, «abren las puertas de forma irrestricta a buques de bandera extranjera y a trabajadores de otras nacionalidades”.
Uno de los puntos más polémicos del DNU es la flexibilización del cabotaje nacional, que permitirá a barcos extranjeros operar por hasta 60 días, con posibilidad de renovar indefinidamente ese plazo mediante maniobras legales, argumnetan desde el gremio. “Por ejemplo» detallan-, «una empresa paraguaya podría alternar dos buques, uno operando en tráfico troncal y otro haciendo cabotaje interno en Argentina, y cumplido el plazo, intercambian las naves y siguen operando». Lo que califican como «competencia desleal para las empresas nacionales, que no tienen los mismos beneficios impositivos ni regulatorios”.
Además, Moreno cuestionó el nuevo esquema de contratación de tripulantes, que «deja de lado los convenios colectivos locales para regirse por convenios internacionales que establecen salarios mínimos y condiciones básicas».
“Si este modelo se impone» -concluyó-, «el país pierde soberanía, empleo y desarrollo industrial y solo ganan unos pocos que se benefician con mano de obra barata y flotas extranjeras operando impunemente en nuestras aguas”, concluyó.
