Denuncian precarización en organismos bonaerenses contra la violencia de género

                RedacciónEDA

Más allá del aprovechamiento político de la denuncia de violación de la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthes, luego de la que la gobernadora María Eugenia Vidal salió a promocionar el acompañamiento bonaerense a las víctimas de violencia de género, desde ATE denunciaron que presupuesto del área en provincia de Buenos Aires ha sido subejecutado, ha sufrido fuertes recortes y varias trabajadoras del sector fueron despedidas por llevar adelante medidas de lucha contra la “desarticulación de las políticas de género” en la provincia.

Vidal sostuvo este jueves, en medio de las repercusiones de la denuncia contra Darthes: “Todos tenemos que hacer nuestro aporte para terminar con la violencia de género, desde el Estado, la Justicia, la educación y la sociedad debemos ayudar y trabajar para poner fin a la realidad tan dolorosa que viven miles de mujeres”. Y desde su cuenta de Twitter añadió: “Desde el Estado estamos acompañando para que las mujeres no estén solas. Tenemos la aplicación Seguridad Provincia para que las víctimas de violencia puedan hacer denuncias anónimas y sin ir a la comisaría, y la línea 144”.

Pero las trabajadoras de la línea 144, que realizan la primera atención ante casos de violencia de género, denunciaron la falta de “políticas públicas integrales” por parte de la provincia de Buenos Aires, que no logran implementarse sobre todo por falta de recursos. Desde ATE advirtieron que las trabajadoras de la línea, reivindicadas por la gobernadora, en realidad no forman parte de la planta del Estado sino que son tercerizadas inscriptas como empleadas de comercio o empleadas con una modalidad de contratos precarios por tres meses.

En el año 2016, a pocos meses de su asunción, Vidal cerró programas provinciales destinados a la lucha contra la violencia de género y mantuvo congelado en 4,50 pesos el presupuesto para asistencia de cada caso. Luego, el 24 de mayo de este año, fueron despedidas cuatro trabajadoras sociales y una abogada que trabajaban en la línea 144, “por participar de medidas de fuerza”, que debieron luego ser reincorporadas cuando se hizo público el caso, aunque aún hay una trabajadora luchando por revertir el despido. En ese contexto, las medidas de fuerza por las que fueron cesanteadas tenían que ver con la denuncia de una “desarticulación de las políticas de género” por parte de la administración provincial.

Cintia Nucifora, delegada de ATE, explicó: “La línea 144 es producto de la lucha del feminismo, es una política que vamos a seguir defendiendo porque nos parece fundamental, pero es un espacio de atención que este gobierno lo tercerizó. Las compañeras que atienden están como empleadas de comercio, con lo cual tanta importancia de Estado no parece tener el tema”.

Y añadió: “No siempre existen las políticas necesarias para que las mujeres puedan tener el acompañamiento en el territorio. El servicio de atención no funciona las 24 horas por falta de recursos y las mujeres que salen a la madrugada pasan la noche en un comisaría o hospital porque no hay lugar”. “Planteamos que se necesitan políticas integrales, acompañar y fortalecer a las mujeres, que tengan un marco de contención para elaborar y tomar ellas las decisiones sino el estado actúa en un rol paternal y anula sus decisiones”, concluyó.