Luego del acuerdo de nuevo endeudamiento con el FMI, la visita del secretario del tesoro de EEUU y los festejos de la administración libertaria, se conocieron nuevas medidas hacia un mercado de productos de material usado, que los empresarios de la industria local alertan como un «certificado de defunción», para la generación de valor agregado a la producción nacional y el sostenimiento de empleo de jerarquía en la actividad privada.
Entre las cámaras y asociaciones patronales empiezan a convencerse que «la decisión del gobierno es avanzar hacia un país extractivista», donde sólo tengo oportunidad de desarrollo la liquidación de materias primas, con una mayor explotación de recursos naturales a través de inversiones foráneas, acompañada de normas diseñadas con fronteras abiertas al envío de rentabilidades a casas centrales del extranjero.
De hecho, desde el área de desregulación se confirmó la eliminación de la exigencia que impedía la importación de maquinaria y equipamiento usado, medida que incluso administraciones como la del ex ministro Cavallo había sido reacio a profundizar como se plantea en esta oportunidad y que según se denuncia puede generar rápidos síntomas de recesión, con más cierres de empresas y una profundización en la caída del empleo en decenas de actividades productivas.
Mediciones realizadas por el sector privado, señalan una caída en aumento de prácticamente todo el arco industrial, que ya se venía acrecentando durante el último semestre del 2024 y que volvió a tener un marcado aceleramiento en el primer trimestre de este año, por lo que no dudan en afirmar que la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), no hará más que profundizar la problemática situación industrial.
Todo en un contexto de retroceso en el poder adquisitivo salarial y la expulsión de mano de obra, que impulsó a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), a aprobar en un reciente congreso nacional «un plan de lucha», con asambleas en los establecimientos y medidas de fuerza, reclamando por la pérdida de más de veinte mil puestos de trabajo con «entre 30.000 y 50.000 en riesgo, ante la apertura indiscriminada de importaciones», según confirmaron desde la organización sindical.
