Con negociaciones gremiales para garantizar el inicio de clases, en medio de reclamos de recomposición salarial y de mejoras estructurales de las escuelas y colegios, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo pública una iniciativa oficial para limitar la posibilidad de los docentes para compartir sus opiniones en las aulas. Según denuncian los gremios del sector, el proyecto no sólo constituye un intento de censura que vulnera la libertad de expresión de los trabajadores de la educación, sino que también implica generar una constante amenaza e incertidumbre sobre los educadores al momento de ejercer sus funciones.
El nuevo Reglamento Escolar impulsado por el Gobierno de Jorge Macri incorpora un artículo 75 en el que se explicita que no se permitirá “expresar, durante el desarrollo de las clases, opiniones o adoptar conductas de manera intencionada que pudieran influir, confundir y/o afectar a los menores en temas relacionados con religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otros de similar relevancia”. Al respecto, se detalla que si alguno de estos temas surgieran durante la clase “por iniciativa de un estudiante”, el docente “deberá informar al equipo de conducción para que los equipos especializados puedan intervenir y brindar el acompañamiento necesario al estudiante y su familia en cada situación”.
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Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) exigieron la “anulación” del artículo y cuestionaron la iniciativa “por censurar la libre expresión, favorecer prácticas que promueven la persecución de lxs docentes e instalar silenciamiento de las inquietudes y necesidades de lxs estudiantes”. En el mismo sentido, se rechazó “la utilización de la denominación «menor» lo que claramente va en contra de la ley 26061 cuyo paradigma rector pone a lxs niños, niñas y adolescentes en el lugar de sujetos de derechos y no de objetos de protección que no poseen la capacidad de ejercer sus derechos. Por otro lado, hablar de «menores» implicaría hablar de la contra categorización y la afirmación de la existencia de un par opuesto «un superior» lo que atenta contra toda subjetividad¨.
En el mismo sentido, desde la asociación docente ADEMYS consideraron que el articulado atenta contra derechos conquistas y la libertad de expresión y denunciaron que la iniciativa porteña “va en sintonía con lo que está pasando en el país, con Milei; y en la ciudad con Macri”. La secretaria adjunta Amanda Martín remarcó: “Por eso decimos que es un instrumento para perseguir a los docentes, seguir maltratándolos en línea con la persecución que estamos viviendo las mujeres, las diversidades sexuales y de género en la Argentina y también en la Ciudad de Buenos Aires”.
También la Legislatura porteña presentó en los últimos días una Declaración de Preocupación por el nuevo Reglamento Escolar, destacando que “con la modificación de este reglamento están cruzando un límite. Es preocupante porque va en contra del espíritu de la escuela y la educación, restando espacio para el diálogo y la reflexión. Los docentes siempre fueron quienes mejor abordaron estas temáticas en el aula, habilitando el intercambio y la escucha”. “La escuela tiene que seguir siendo ese lugar donde se pueden dar diálogos respetuosos y con libertad”, concluye la declaración impulsada por la legisladora Maru Bielli, de Unión por la Patria.
