Trabajadores del Hard Rock Café Recoleta denunciaron maniobras de presión de los dueños de la empresa para forzar renuncias en el marco de la cuarentena obligatoria, pagando además sólo una pequeña parte de las indemnizaciones correspondientes. Desde Estado de Alerta, dialogamos con Sebastián, un trabajador con diez años en la empresa que prefirió mantener su apellido en reserva, que confirmó la operatoria ilegal, además de denunciar otro tipo de irregularidades previas a la pandemia. Los afectados por las presiones patronales también manifestaron fuertes críticas al rol del Sindicato Pastelero en el conflicto
En Buenos Aires hay dos restaurantes Hard Rock por fuera de los que están en los aeropuertos, uno en el barrio de Recoleta (la razón social de la empresa es New Viking Investments S.A.) y otro en Puerto Madero (Selowel Argentina S.A.). En ambos casos el empleador es Rubén González, a cargo de los dos restaurantes junto a un grupo de inversores. En la sucursal de Recoleta figuran como responsables también los hermanos Emilio y Pablo Lucini.
En el marco de la suspensión de actividades por las medidas de seguridad implementadas por el gobierno para aplanar la curva de contagios por coronavirus, los trabajadores de la empresa (responsables de salón, barra, cocina y limpieza) pidieron a la empresa que les deposite en sus cuentas bancarias no sólo la parte del sueldo que habitualmente se tramita por esa vía sino también la parte “en negro”, para evitar la instancia de ir a cobrarla personalmente, generando un riesgo innecesario de contagio para los trabajadores y sus familias.
Trabajadores de prensa denuncian atrasos en los pagos y fraccionamiento salarial
Según explicó Sebastián, la práctica del pago de parte de los sueldos en negro viene desde hace mucho tiempo en la empresa: “Nosotros percibimos nuestro sueldo una parte por depósito en cuenta corriente del banco Macro y otra parte, irregular o en negro, que cobramos a partir del día 5 en el mismo restaurante. Nos hacen pasar uno por uno a la oficina de Recursos Humanos y nos entregan el recibo de la parte en blanco, que es la que está depositada, con la salvedad de que ahí figura una cantidad de horas que no es la que realmente trabajamos sino lo que se ajuste a lo que se está pagando en el recibo. Así también se manipula la información de las horas extras, las nocturnas, las de los días feriados y las contribuciones que se hacen para nuestros aportes. Todo se ajusta para que cuadre con lo que figura en los recibos. Por otro lado nos dan una hoja impresa con la información que corresponde al mes, donde está escrito de puño y letra por el encargado de pagarnos el suelo, el monto faltaría pagarnos, hoja que luego nosotros firmamos todos los meses”. En este caso, el denunciante nos confirmó que ya comunicó la situación ante el Ministerio de Trabajo, que le pidió más datos para tomar formalmente su reclamo.
Luego de distintas luchas por este tema en los últimos años, los trabajadores lograron que se bancarizara una parte de los pagos y que se “blanqueara” un porcentaje mayor del sueldo, a lo que la empresa se resistía. Antes la totalidad del salario se cobraba de esta forma irregular, afirma Sebastián.
Luego del reclamo de un sector de trabajadores para que se incluya en el depósito la parte “irregular” de los sueldos (ni siquiera estaban pidiendo que se “blanquera” el total, aclara Sebastián), desde la empresa comenzaron a citar a trabajadores de la sucursal Recoleta a la de Puerto Madero, donde supuestamente iban a liquidarles el “negro”. Pero lo que los esperaba allí era una oferta de arreglo para que presentaran una “renuncia voluntaria” a cambio del pago de entre 33 y 45 mil pesos que se pagarían en el momento en mano, una “indeminzación” muy alejada de lo que marca la ley para trabajadores que en su mayoría superaban el año de antigüedad. Según denunció una compañera de Sebastián, que incluso pudo grabar la propuesta, el pago ya estaba preparado en efectivo en sobres con la “liquidación” preimpresa” en el local de Puerto Madero. A cambio de este acuerdo irregular se manifestaba un compromiso informal de tenerlos en cuenta para una recontratación cuando la situación se normalizara.
Desde la empresa argumentaban que no estaban facturando y que por eso “en este momento era muy difícil bancarlos, mantenerlos dentro del staf y conservar sus puestos de trabajo, por lo que tenían que tomar la difícil decisión de echarlos”. Ante este “apriete”, dos o tres personas aceptaron el arreglo (“porque tienen familia, están en situación vulnerable y no tuvieron el tiempo para reflexionarlo ni asesorarse con un abogado”, consideró Sebastián), pero muchos otros lo rechazaron y comenzaron a difundir la situación entre el resto de los compañeros de trabajo, lo que generó una oleada de “descontento y furia” entre los trabajadores.
Así, comenzó a difundirse la situación en redes sociales (además de las presentaciones ante el Ministerio de Trabajo), lo que derivó en una serie de mensajes de los empleadores asegurando que “no iban a despedir a más personas» y que les iban a pagar lo que correspondía a los que ya se habían ido.
Finalmente, Sebastián fue muy crítico con el rol de la representante gremial del Sindicato de Pasteleros, Alfajoreros, Pizzeros y Heladeros, quien “en un inicio brilló por su ausencia” y recién comenzó a hacerse eco de la problemática “cuando esto comenzó a tomar magnitud”, situación ante la que la mayoría de los trabajadores en conflicto se manifestaron profundamente “disconformes”.
