Este lunes 8 de junio distintas organizaciones de trabajadores de la salud convocan a una “jornada de duelo” en la puerta del Hospital Interzonal de Agudos Gandulfo de Lomas de Zamora por la muerte de María Ester Ledesma, enfermera del nosocomio que murió esta semana tras haberse contagiado en el ámbito laboral. Los directivos del hospital habían rechazado en seis oportunidades su pedido de licencia argumentando que tenía 50 años y que no le correspondía, desconociendo que pertenecía a un grupo de riesgo por ser diabética, hipertensa y tener problemas cardíacos y de obesidad.
Ledesma también contagió a su madre, que falleció, y a su hijo, que permanece internado. Desde la seccional Sur de ATE responsabilizaron por la muerte de Ledesma “al estado provincial. Es el responsable de la resolución 90/2020, que niega en su artículo 5° el derecho a preservar la salud y la vida a los trabajadores y trabajadoras de salud”.
Desde la organización de trabajadores estatales recordaron que desde el inicio de la epidemia exigieron que los trabajadores de más de 60 años, las embarazadas y quienes sufrieran de enfermedades de base, así como aquellos que no tenían con quien dejar a sus hijos, pudieran gozar de las licencias, lo que en el caso de Ledesma fue negado en seis ocasiones.
“En el caso de las enfermedades de riesgo en menores de 60 años, directamente el SIAPE, el sistema nefasto de licencias, las denegaba. Por eso, en abril presentamos un escrito desde el sindicato a la Región Sanitaria VI, que debía ser remitido en forma inmediata al Jefe de Gabinete y al Ministro de Salud. Nos parecía aberrante que quienes están más expuestxs fueran precisamente quienes no podían acceder a una medida elemental para cuidar su salud y su vida. Este escrito nunca fue respondido”, denunciaron.
Recién el 1 de junio fue “autorizado por acuerdo paritario” que las embarazadas puedan ser exceptuadas del trabajo. “María Esther se contagió en el hospital y contagió su madre, quien falleció algunos días atrás y a su hijo que también está internado. Ella padecía obesidad, diabetes, problemas cardíacos, pero como era menor de 60 años, le negaron esa licencia y este mecanismo arbitrario, brutal e inhumano la asesinó” concluyen.
Desde ATE recordaron que la situación ya fue denunciada a mediados del mes pasado, en una protesta frente al hospital que incluyó a trabajadores de los hospitales Alende, Lavallol, Eseteves, la UPA, la Región Sanitaria VI y los CPA. También confirmaron la presentación de un amparo ante la Justicia para que en los hospitales “se garanticen todos los medios de protección de la vida de nuestras compañeras y compañeros”.
