Durante la madrugada de este lunes la Justicia llevó adelante numerosos allanamientos contra comedores, emprendimientos productivos y oficinas de organizaciones sociales de la Ciudad de Buenos Aires, así como también sobre domicilios particulares de referentes públicos de las mismas. Según trascendió, se trataría de derivaciones de una causa iniciada por la cartera de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich por presuntas «extorsiones» a beneficiarios de planes sociales para que participen de protestas callejeras. Desde las organizaciones, en cambio, se denuncia una intención de «apriete» del oficialismo por las protestas de las últimas semanas para reclamar la entrega de alimentos y cuestionar las bajas arbitrarias de planes sociales.
Los más de 27 allanamientos se llevaropn adelante contra locales del Polo Obrero, del Frente de Organizaciones en Lucha (Fol) y otras organizaciones. Charly Fernández, dirigente del FOL, explicó: «A eso de las 5 de la mañana fuimos allanadas distintas organizaciones sociales, muchos militantes en nuestras casas particulares, en nuestros locales de organización, en nuestros espacios de trabajo, en nuestros comedores populares, nos rompieron la puerta, tiraron al suelo, nos encañonaron, buscaban dispositivos electrónicos, o sea celulares y computadoras». Y denunció: «Fue un operativo totalmente desmedido, con autos no identificados, con agentes de inteligencia, un show donde nos grababan y nos filmaban. Claramente no tenían ninguna prueba, sino que venían a hacernos un llamamiento para ver qué sucedía, con el objetivo principal de demostrarnos el poder que tienen, de demostrarnos que ellos vienen a amedrentarnos».
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«Lo que quieren hacer es que las organizaciones sociales no sigamos haciendo lo que hacemos, organizándonos, luchando, llevando adelante nuestros espacios de redes comunitarias, nuestros espacios productivos, nuestros espacios de trabajo. Entendemos que van a seguir con esta campaña de estigmatización. No hay ningún dirigente detenido, no hay ningún militante detenido, no hay ningún compañero o compañera detenido, pero sí lo que han demostrado es una campaña muy fuerte de apriete y de utilización desmedida de la fuerza hacia nosotros», agregó.
La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y quedaría en manos del juez federal Sebastián Casanello, bajo la caràtula de «Coacción, extorsión y defraudación contra la administración pública». Desde las organizaciones desmienten que las movilizaciones callejeras de protesta contra las políticas del oficialismo tengan que ver con algún tipo de «extorsión» a los manifestantes bajo la amenaza de «quitarles el plan» y sostienen que en realidad la ofensiva judicial constituye una respuesta a las movilizaciones que vienen protagonizando las organizaciones sociales, en unidad creciente, desde el 20 de diciembre de 2023, con el claro objetivo de criminalizar el reclamo por una mayor asistencia social y el cuestionamiento a las políticas brutales de ajuste que está aplicando el Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello.
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“Está claro que el Gobierno ataca a las organizaciones sociales, sindicales y barriales, para disciplinarlas. El marco de este hecho es un ajuste cada vez más feroz y a quienes nos oponemos a eso nos persiguen. Repudiamos el accionar del Gobierno, la estigmatización y el ataque a las organizaciones. Es una persecución ideológica la que llevan adelante, este gobierno es una continuidad de la Dictadura”, sostiene Omar Giuliani, coordinador nacional de la FeNaT (Federación Nacional Territorial) de la CTA Autónoma.
