La confirmación del cierre de la histórica planta de Dánica en la localidad bonaerense de Llavallol, que implicó el despido de 150 trabajadores, se suma al reciente anuncio del grupo Dass sobre su decisión de bajar las persianas de su planta productora de zapatillas de la localidad de José León Suárez, dejando a cerca de 400 personas sin sus fuentes de trabajo. Estos son solo dos ejemplos de los más de 10 mil cierres de PyMEs producidos durante el año de gestión de Gobierno de Javier Milei, que lleva adelante una política decididamente anti-industrial, particularmente nociva para las pequeñas firmas manufactureras o comerciales.
La histórica planta de Dánica, con más de 85 años de existencia pero adquirida en 2011 por el grupo empresarial brasileño BRF y parte del Grupo Beltrán desde 2019, había anunciado en octubre la suspensión de sus 150 trabajadores, anticipando vacaciones o abriendo listados de retiro voluntario. En las últimas horas se ratificó su cierre definitivo, anticipando además el pago de indemnizaciones sólo al 50%, amparándose en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite ese recorte en el marco de una “gravísima situación económica”. Desde el Sindicato y la Federación de Aceiteros remarcaron que ya se presentó un recurso ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para garantizar las fuentes de empleo.
En el caso de Dass, el primer día hábil del año cerca de 400 trabajadores de la planta de Coronel Suarez fueron despedidos por cierre. Dass, es proveedora de la multinacional Adidas, ya venía realizando despidos en su planta de El Doraro, provincia de Misiones. Según denunció Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA), “Adidas empieza a abandonar la Argentina, producto de la brutal desregulación de la producción nacional, con la apertura indiscriminada de las importaciones, que continuará generando un cierre en cadena de cientos de empresas en el país, con la pérdida de miles de puestos de empleos”. El gremio ya habla de una “situación terminal” para el sector y realizó presentaciones ante los gobiernos nacional y bonaerense.
En Bahía Blanca la empresa Harinas Bajo Hondo avanzó en los últimos días con el despido de seis trabajadores del molino de su propiedad ubicado en la localidad bonaerense de General Cerri, lo que fue respondido con un paro de 96 horas de la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA). La empresa anticipó que en marzo se cerraría definitivamente el molino, dedicado a la producción de harinas industriales y de consumo masivo. “Los dueños de la empresa inventaron causas para no pagar indemnizaciones. Hablan de un supuesto bloqueo que nunca existió. Cada paso dado fue notificado ante el ministerio de Trabajo y en base a la norma vigente”, denunciaron desde el gremio.
Estos ejemplos son apenas la muestra de los últimos días de un fenómeno de extrema gravedad, derivado de un plan económico claramente perjudicial para las pequeñas empresas. Desde el Frente Productivo Nacional se compartió en un informe que puntualizaba que durante 2024 cerraron 16.500 PyMEs en el país (especialmente en el segundo semestre), sobre todo debido a la caída del consumo interno, el aumento de los costos de servicios y la dificultad para exportar debido a un tipo de cambio poco competitivo, lo que redundó en la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo en el sector industrial (cifra que supera los 180 mil si se suma al sector construcción). A este número hay que sumarle el cierre de aproximadamente 10.000 kioscos y almacenes, con la pérdida de 160.000 puestos de trabajo en el sector comercio. Un estudio de fines del año pasado señalaba que los distritos con mayora cantidad de cierres fueron la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Tierra del Fuego.
En ese dramático escenario, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) cuestionó duramente la reciente medida de la agencia recaudadora nacional (ARCA) que decidió levantar desde este 1 de enero el período de gracia que frenaba embargos y ejecuciones contra las cuentas de las empresas que no hubieran podido cumplir con sus obligaciones fiscales. La medida, afirman, “condena a la intemperie y el cierre a miles de pymes” mientras que “las sobrevivientes deberán seguir, con suerte, importando para sobrevivir, despidiendo empleados ‘sobrantes’ y soportando la ‘motosierra’, que este mes ya asegura mayores aumentos de energía, agua y desguace en áreas sensibles”.
Carlos Ferrari, titular de la entidad, denunció al respecto: “Estas medidas reflejan el mismo desacople con la realidad económica, social y productiva que mostró el Presidente en su mensaje de fin de año. Allí expresó un absurdo optimismo basado en datos falsos, como el origen de los fondos del ‘ajuste’ brutal del 15 por ciento del PIB, la suba de la actividad (continúa cayendo comparada con 2023), la baja de la pobreza y el aumento del consumo, estancado en bajísimos niveles y también muy por debajo del año anterior”.
