Este jueves Sonia Alesso y Roberto Barade, titular y adjunto de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), exigieron la “inmediata convocatoria a la paritaria nacional docente”. También denunciaron la existencia de una “campaña” en su contra por parte de medios “que responden políticamente al gobierno derrotado en las elecciones”.
Al respecto, los gremialistas denunciaron que “esas notas son armadas con preocupante ausencia de rigurosidad periodística e informativa y aluden a fuentes indefinidas e imprecisas para cuestionar la negociación colectiva nacional, una de las principales conquistas de los gremios”.
En cuanto a la paritaria nacional docente, consideraron que entre 2007 y 2015 “disminuyó las diferencias salariales entre provincias, garantizó que ningún docente percibiese un haber inferior al mínimo en todo el país, mejoró las condiciones de trabajo y la formación gratuita y en ejercicio y redujo ostensiblemente la conflictividad, entre otras cosas”. En ese sentido, aseguraron que desde que el macrismo decidió eliminarla se observó “una caída abrupta de los niveles de inversión educativa, ya que por primera vez desde 2010 la inversión en el área estará por debajo del 6 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) que exige la Ley 26.075 y, en 2019, caerá al 5,2 por ciento, en el mejor de los casos”.
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Baradel y Alesso sostuvieron que en estos cuatro años se redujo la participación del presupuesto educativo en el nacional y en relación con el PBI y denunciaron “el cierre de programas, el ajuste, la subejecución de partidas y el proceso inflacionario fueron los ejes de la caída de la inversión nacional en educación y cultura del 1,66 (2015) al 1,35 por ciento (2018)”. También explicaron que durante la administración Cambiemos hubo “desfinanciamiento” del Fondo Nacional de Incentivo y que “el aporte estatal al salario de los docentes provinciales está congelado desde julio de 2016 en 1.210 pesos por cargo, por lo que teniendo en cuenta la inflación ocurrida desde entonces se perdió el 102% del poder adquisitivo”.
Por último, los dirigentes afirmaron que aumentó la conflictividad y se redujo el Fondo de Compensaciones Salariales para que las provincias pudiesen actualizar los mínimos, además de que “no hubo discusión ni aplicación de políticas públicas pedagógicas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje, a fin de ofrecer una educación de calidad”.
