Este miércoles la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) movilizó al Congreso de la Nación en el marco del plan de lucha que los docentes llevan adelante en rechazo a las políticas educativas del Gobierno de Javier Milei. Mientras tanto, el oficialismo trata en la Cámara de Diputados un proyecto para declarar “esencial” a la educación, lo que los gremios denuncian como una herramienta contra el derecho de huelga del sector.
En la convocatoria CTERA denunció el constante y profundo desfinanciamiento de la educación pública que lleva adelante la administración de La Libertad Avanza, especialmente con su negativa a aceptar una Paritaria Nacional Docente que establezca un piso salarial “acorde a la inflación” que permita recuperar los erosionados salarios del sector, y con la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que impactó directamente sobre las remuneraciones.
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Además, se denunció el impacto negativo de la reposición del Impuesto a las Ganancias, los sucesivos recortes en el financiamiento de comedores escolares, provisión de la “copa de leche”, becas y programas de infraestructura, aspectos clave en momentos en que todos los estudios confirman récords de pobreza e indigencia.
En cuanto al intento de declarar a la educación como “esencial”, Ctera sostiene que la iniciativa busca limitar el derecho a huelga de los docentes y vulnerar las conquistas laborales del sector. “No discutirán cómo resolver los problemas de las escuelas, los salarios de docentes o las necesidades de estudiantes. Solo pretenden impedir el derecho a huelga para despejar el camino para profundizar su ajuste contra la educación”, explicaron.
“Asimismo, mantuvimos entrevistas con todos los bloques legislativos -excepto La Libertad Avanza y el PRO- para que se aprobara un Proyecto de Ley que contenía Financiamiento para la Educación y la restitución del FONID”, añadieron desde Ctera. Luego enfatizaron su oposición a la intención oficial de convertir a la Educación Pública en un “servicio”, ya que la Educación Pública es un “Derecho Social que debe garantizar el Estado”.
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Y remarcaron su oposición al intento oficial de “permitir que comercialicen y/o privaticen la Educación Pública”, que los estudiantes “no tengan una Educación de calidad” y que “manoseen a la docencia argentina con salarios indignos”.
Entre otros puntos que exige CTERA, se encuentran el no envío de fondos nacionales para comedores escolares, copa de leche, becas, infraestructura escolar, formación docente; la profundización de los conflictos provinciales; y el intentar declarar la educación pública como “esencial” a riesgo de limitar el derecho a huelga.
Por último, la Confederación docente anticipó que para el mes de septiembre convocará a una gran Marcha Federal Educativa con el objetivo de unir a toda la comunidad educativa en defensa de sus derechos. “No dejaremos que conviertan a la educación pública en un ‘servicio’, la educación pública es un ‘derecho social que debe garantizar el Estado’”, concluyeron.