En las últimas horas la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó el sobreseimiento previo sobre el cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT) Carlos Acuña en una causa por coacción, lo que sienta un preocupante antecedente para la criminalización del derecho a la huelga. El fallo además estableció un embargo de hasta 8 millones de pesos sobre los bienes del dirigente.
El fallo judicial se apoyó en las recientes reformas laborales establecidas por la Ley Bases que aprobó el Gobierno de Javier Milei. La resolución somete al titular del gremio de estacioneros a procesamiento por el presunto delito de coacción, remarcando que se «deben respetar los derechos de terceros, como el libre acceso a establecimientos comerciales».
La causa tiene su origen en una protesta del 21 de diciembre de 2021 cuando trabajadores del gremio de Acuña habrían obstaculizado el acceso a una estación de servicio en el marco de un reclamo gremial hacia la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA). La denuncia fue impulsada por el empresario Antonio Roberto Rizzo, con el patrocinio de la cuestionada abogada Florencia Arietto, impulsora de numerosas iniciativas empresariales contra los bloqueos.
En 2022 Acuña fue sobreseído en primera instancia, considerando que la manifestación hacia parte del derecho a la protesta y a la huelga de los trabajadores, pero la decisión fue apelada y en el fallo de los últimos días se resolvió que el bloqueo «excedía los límites del derecho a huelga».
Freno judicial al Movimiento Empresarial Antibloqueos, impulsado por Florencia Arietto
Esto constituye un grave precedente judicial contra el derecho de los trabajadores a ejercer medidas de protesta, que se enmarca en la regresiva reforma laboral y las prácticas antisindicales que impulsa el nuevo Gobierno nacional.
