En el marco de los crecientes cuestionamientos de los gremios disidentes, la Confederación General del Trabajo reabrió negociaciones con el Gobierno para tratar de restablecer el “pacto antidespidos”, que dejó de estar vigente el pasado 31 de marzo.
El decreto presidencial de noviembre de 2018, que también acordó el pago del “bono” de fin de año de 5 mil pesos para los trabajadores en relación de dependencia, establecía que hasta fines de marzo las empresas que tuvieran intenciones de reducir personal estaban obligadas a comunicarlo al Ministerio de Producción y Trabajo por lo menos con diez días de anticipación.
Los gremios dialogistas intentarán reforzar algunos aspectos del acuerdo previo, ya que se constataron graves problemas para su aplicación en los meses de funcionamiento, sin lograr una merma en el ritmo de los despidos. Según las más recientes cifras oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en febrero se constató una baja de 252.500 trabajadores formales respecto del mismo mes del año anterior.
“Queremos reactivar el plan antidespidos y tratar de impulsar medidas anticíclicas. Apostamos a mantener la gobernabilidad en medio de un desconcierto macroeconómico”, detalló a La Nación una fuente “inobjetable” de la CGT. Mientras tanto, desde el oficialismo no hubo confirmaciones respecto de esta línea de negociación.
Desde la central obrera también se avanzó en discusiones con el Ministerio de Producción y Trabajo para dinamizar las paritarias. Entre las alternativas que se proponen se evalúa la posibilidad de habilitar “acuerdos cortos” de tipo tremestral o semestral en lugar de los tradicionales pactos anuales, la habilitación de una mayor cantidad de pagos no remunerativos o la implementación de una cláusula de ajuste automático por inflación, opción resistida por el titular de la carta de producción, Dante Sica.
Como una respuesta indirecta a las contundentes medidas de fuerza sindicales de este 30 de abril y 1 de mayo, Sica firmará este jueves un acuerdo con la UOCRA que prevé una recomposición salarial de 10% por la pérdida de poder adquisitivo de 2018 más un aumento escalonado de 15%, hasta agosto, ajustable por inflación.
Más allá de la posible renovación del pacto antidespidos, la CGT acusó el golpe de las medidas de fuerza de los gremios opositores y se recrudeció el debate interno respecto de un necesario endurecimiento de la política de confrontación con el gobierno de Mauricio Macri.
Recién la próxima semana se reunirá el Consejo Directivo de la central obrera, pero sectores como los transportistas de la CATT, que ya confirmaron un plan de lucha para el resto de los feriados del año, presionan por la convocatoria directa a un plenario general para abordar el debate de conjunto. Al respecto, el ferroviario Omar Maturano explicitó: “Hay necesidad de hacer un paro general por parte de la CGT, no podemos ir atrás de la CTA”.
