La decisión oficial de conformar un “Comando Unificado de Seguridad Productiva” en la órbita del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich tuvo su confirmación oficial con la publicación de la Resolución 893/2024 en el Boletín Oficial, como protocolo anexo al ya conocido “Protocolo Antipiquetes”, aplicado para evitar las protestas de organizaciones gremiales, políticas y sociales. La nueva unidad represiva, bajo las órdenes directas de la funcionaria, intervendría en protestas gremiales que puedan afectar a las empresas multinacionales que operan en el país.
Entre los fundamentos de la resolución se afirma, dejando claras las prioridades de intervención de la nueva unidad, que “se han originado graves hechos de violencia, bloqueos e impedimento por medios ilícitos para que se pueda trabajar, comercializar y distribuir libremente la producción, en zonas portuarias Bahía Blanca San Lorenzo – Timbúes, zonas de producción de hidrocarburos como Vaca Muerta o zonas mineras, o Parques Industriales, hechos que concretamente incidieron en un peligro colectivo a la vida, la libertad y el patrimonio de los habitantes y de las empresas o libre circulación de los trabajadores, como también de su actividad productiva”.
El paro de Aceiteros entra en su cuarto día y los puertos de Rosario siguen paralizados
El comando estaría integrado por Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, en contacto directo con la Secretaría de Trabajo, que sería la encargada de brindar “detalles de los conflictos y estar atentos a los posibles bloqueos”. Tampoco se especificó con qué partidas se financiará esta polémica iniciativa oficial que, afirma, busca “contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención de los delitos contra la propiedad, las personas y acciones delictivas que dañen los sectores productivos, mediante hechos o amenazas que pongan en riesgo la vigencia de los derechos y garantías constitucionales en el territorio nacional”.
La decisión oficial apunta contra los sectores gremiales que desarrollan su actividad en áreas económicas consideradas estratégicas por el Gobierno (especialmente aquellas vinculadas directamente con el ingreso de divisas al país) y que más activamente han protestado en los últimos meses por aumentos salariales, condiciones de trabajo o contra el retorno del Impuesto a las Ganancias. Entre ellos se cuentan los petroleros de la zona de Vaca Muerta, los aceiteros que hace pocas semanas paralizaron los puertos de la zona del Gran Rosario, los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) que vienen resistiendo los despidos en Pirelli, Firestone y Bridgestone, u otros gremios de intervención en la producción minera (el extractivismo es la apuesta principal del oficialismo para capear la crisis económica). El comando también podría poner en la mira a los gremios del transporte de productos básicos y mercancías, como camioneros o ferroviarios.
