La Mesa de Crisis Social de la provincia de Corrientes, conformada el pasado 30 de abril por múltiples organizaciones sindicales y populares, legisladores provinciales, nacionales y concejales de la capital correntina, confirmó que ante la falta de respuestas del gobernador radical Gustavo Valdes y del intendente de la capital Eduardo Tassano comenzarán esta semana con distintas medidas de fuerza.
Ante la falta de respuestas del gobierno provincial respecto de los reclamos para el Estado también integre la Mesa de Crisis Social, las organizaciones denunciaron que la pandemia por COVID-19 y la obligada cuarentena “han agravado la crisis social y económica que viene sufriendo hace años nuestro país y, particularmente Corrientes, que lamentablemente cuenta con uno de los índices más altos de pobreza, indigencia, déficit habitacional, informalidad y precarización laboral”.
Los integrantes de la Mesa consideran que esta negativa oficial de la Gobernación para articular acciones con las organizaciones de la comunidad impide que grandes sectores sociales puedan hacer oír sus reclamos en cuanto a la difícil situación social que están atravesando, de lo que da cuenta el hecho de que comedores y merenderos comunitarios han triplicado sus asistentes, por lo que hoy sufren un fuerte desabastecimiento de alimentos para cubrir la nueva demanda.
Desde las organizaciones integrantes de la Mesa de Crisis denuncian que se requiere un mayor esfuerzo provincial para reforzar la distribución de alimentos, la asistencia de en la provisión de agua potable, garrafas de gas, elementos de higiene y bioseguridad. También exigen la suspensión de los incrementos en servicios públicos como la energía eléctrica (DPEC) y el agua potable (Aguas de Corrientes). Asimismo, sostienen que es responsabilidad del gobierno provincial hacer cumplir en forma estricta los precios máximos dispuestos y evitar la especulación en los productos esenciales en como supermercados, grandes comercios, farmacias, etc.
La cuarentena se extendería hasta el 12 de julio y algunas actividades aún tendrán que esperar
También destacaron la importancia de garantizar la provisión de insumos y equipamientos de bioseguridad para el personal de salud, en hospitales, CAPS y SAPS, que además sufren una fuerte precarización, por lo que deben ser reconocidos salarialmente y con estabilidad laboral.
Los integrantes de la Mesa destacaron que en el marco de recesión económica que atraviesa el país producto de la epidemia “es sustancial bregar por el mantenimiento de los puestos de trabajo en el ámbito público y privado, sin reducciones salariales, para que la crisis no la paguen los trabajadores”. En este sentido, también plantearon el reclamo de los pequeños productores de Corrientes que para subsistir y evitar el éxodo a las ciudades requieren ayuda con semillas, combustible, herramientas, maquinaria y, fundamentalmente, la compra de su producción para los comedores barriales y escolares.
“Para responder a estas y otras necesidades primordiales, son necesarios recursos que aporte el Estado. Implementación de un Plan Provincial de Inclusión Digital para garantizar el acceso equitativo a la educación durante esta cuarentena. Demandamos al Gobierno de Corrientes que se vuelvan a poner en funcionamiento servidores y dispositivos del ex programa Conectar Igualdad, que se garanticen dispositivos, equipos y conectividad a todos los docentes y alumnos por igual, que se implemente una tarifa social o conectividad gratuita para los hogares de escasos recursos con niños y adolescentes en edad escolar, entre otras medidas. En Corrientes, el 62 por ciento de los hogares no tiene acceso a Internet fija y segura, y más del 70 por ciento de los escolarizados se encuentra por debajo de la línea de pobreza”, concluyeron.
