Las inmobiliarias fueron duramente golpeadas por la crisis económica que se agravó tras el aislamiento social obligatorio. Al no ser considerada una actividad esencial, hace semanas que permanecen cerradas y sin la posibilidad de realizar operaciones. Paralelamente, los inquilinos no pueden afrontar sus compromisos.
De hecho, las agrupaciones del sector ya están enviando notas a las gobernaciones para que puedan abrir sus puertas en medio de la cuarentena. Así lo explicó la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), con cientos de puestos de trabajo en riesgo, que además planea volver a la actividad priorizando «la salud, y ver qué posibilidades hay de ingresar en determinados lugares».
Asimismo, aclararon que ya disponen un protocolo de seguridad, con sugerencias, para ser puesto en práctica conforme «se autorice la reapertura de las oficinas inmobiliarias en el país». Simultáneamente, la Federación Nacional de Inquilinos indicó que realizó una encuesta nacional en la que resaltó que más del 40% de los inquilinos no pudo pagar el mes de abril.
Además el 58,4% de los entrevistados percibe menos ingresos comparado con marzo. El resultado también develó que el 51% de los inquilinos no recibió CBU para realizar transferencia bancaria, medida obligatoria por Decreto y que el 34,1% de los entrevistados tiene un miembro del hogar que perdió el trabajo o no percibe ningún ingreso desde la cuarentena.
En esta marco, Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional dejó en claro que «los inquilinos atraviesan una crisis gravísima. Es fundamental que se congelen los precios de los alquileres y se suspendan los desalojos por dos años. Además, es urgente, apenas reabra el Congreso, se vote una ley de alquileres que lleva tranquilidad a 9 millones de inquilinos e inquilinas en todo el país”.
Las profesiones en riesgo ante la extensión del aislamiento obligatorio
También exigió la implementación de sanciones a las inmobiliarias que no cumplan con el Decreto, y atribuyen la irregularidad a que las inmobiliarias tienen la mayor parte de sus contratos «en negro». Así como las inmobiliarias, y los inquilinos, distintos grupos de profesionales como los odontólogos padecen las consecuencias del aislamiento social obligatorio.
