En Córdoba, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina denunció que en plena pandemia se produjeron despidos y suspensiones a personal sanitario. Desde el gremio denuncian que se trata de otro intento de acallar al personal que reclama por mejoras en las condiciones laborales.
Por eso repudiaron «el accionar del Ministerio de Salud en connivencia con la Dirección de nuestro querido Hospital Domingo Funes, en relación a la desvinculación laboral del Licenciado en enfermería Pablo Mercado y al enfermero profesional Facundo Paredes que se desempeñaban en UTI COVID adultos del Hospital Domingo Funes. Consideramos que esto no es más que otro intento de callar a quienes solicitan condiciones que no pongan en riesgo la seguridad del paciente y del personal».
«Como muchos de tantos trabajadores de salud, Pablo también es víctima del pluriempleo para poder afrontar, además, el tratamiento y cuidados de su hijo con leucemia y su esposa embarazada. Facundo hace 18 meses trabajaba como monotributista», añadieron.
Para FESPROSA, despedir a 2 trabajadores esenciales con formación en terapia intensiva «es un hecho de suma gravedad que pone en riesgo la atención médica de toda la población de Punilla y Cruz del Eje. Estas son las respuestas de este gobierno, con la complicidad de los directivos de los hospitales, para amedrentarnos; y en afán de lograr su cometido, perjudica también al equipo de salud sobre todo en nuestra Institución donde el recurso humano escasea. Cabe denunciar la VIOLACIÓN del decreto presidencial 624/2020 que prohíbe despidos y suspensiones en plena vigencia».
Por otro lado, comentaron que el Cirujano Dr. Jorja Marcelo le llegó la notificación de traslado «COMPULSIVO al hospital Transito Cáceres sumado a la suspensión ilegal del Obstetra Dr. Araya Fernando y Pediatra Dr. Gómez Ariel en un claro contexto de persecución sindical».
Sector de trabajadores de la industria química cerró paritaria récord de 52,5%
En este duro contexto, volvieron a reclamar: Paritaria para Salud. Básico de 50.000$, rechazo al acuerdo firmado por el SEP del 9% de aumento hasta febrero 2021, condiciones laborales dignas, reinstalación inmediata de los compañeros perseguidos políticamente, cumplimiento de las leyes 7625 y 7233, aumento del personal capacitado y con plenos derechos laborales. «14 camas para 1 terapista es el mejor ejemplo de la falta urgente de personal. Sin anestesista el sábado 31 de octubre. Sin técnicos de imágenes ayer 1 de noviembre», graficaron los trabajadores, quienes anticipan nuevas medidas de fuerza sino cambia la situación.
