A media tarde de este martes finalmente se confirmó que el juez de Garantía de Cañuelas Martín Risso postergó la fecha de desalojo de la toma de tierras de Guernica hasta el próximo 1 de octubre. La fecha original fijada por el magistrado era este miércoles 23 de diciembre, pero gestiones de la administración provincial lograron concretar la prórroga.
En los últimos días el gobernador bonaerense Axel Kicillof vino evaluando distintas opciones para evitar el desalojo violento de la masiva ocupación Guernica, que involucra a cerca de tres mil familias, buscando evitar el escenario de alto costo político que podría implicar un desalojo violento en medio de enfrentamientos con los ocupantes.
Durante la mañana, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense Andrés Larroque había confirmado que la Provincia ya hizo una presentación formal al juez de garantías de Cañuelas Martín Risso para “extender el plazo al 1° de octubre, para poder seguir trabajando en una solución pacífica, que es lo que todos queremos”.
Una de las opciones en estudio pasa por la mudanza de los ocupantes a otras tierras fiscales, pero la intendenta del partido de Presidente Perón Blanca Cantero afirma que en el distrito no hay tierras que cumplan con esas condiciones. En ese contexto se evaluó proponer un traslado a La Matanza pero el intendente Fernando Espinoza ya está lidiando con varias ocupaciones por su cuenta y descartó también esa posibilidad.
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Otra posibilidad se deriva de una propuesta del Movimiento Evita, que planteó que el Estado provincial adquiera parte de los terrenos en litigio y se los ceda a los ocupantes como “lotes sociales”, con un plan de pago con facilidades. En este plan entrarían sólo 9 de las cerca de 100 hectáreas ocupadas informalmente, ya que el resto forma parte de un emprendimiento inmobiliario para la construcción del Country & Club San Cirano.
El proyecto se concretaría por medio de la creación de un fideicomiso por el que el Estado compraría las tierras disponibles, garantizaría su distribución y con el remanente implementaría una serie de mejoras en los futuros barrios (bajadas de luz, trazado de calles, cloacas, acceso al agua potable, etc.). Las viviendas se construirían por medio de cooperativas de trabajo de las organizaciones sociales involucradas.
De todos modos, en una serie de versiones cruzadas, Larroque minimizó la perspectiva del fideicomiso: “Estamos trabajando en un plan integral que seguramente conoceremos en los próximos días. Hay muchas cuestiones a resolver, que nos va a llevar un tiempo destrabar para presentar un plan funcional y realista”.
Este fin de semana se concluyó con un censo de los ocupantes de la toma, que permitirá a la provincia afinar las propuestas, un tema que se viene trabajando con el ministro de Desarrollo Social bonaerense Andrés Larroque, con delegados de las asambleas de familias de la toma y con el colectivo de abogados platenses La Ciega, que ya intervino en procesos de estas características. También asesoran a los asambleas de ocupantes distintos profesionales de arquitectura y urbanismo, que adelantaron proyectos de organización barrial, con escuelas, espacios verdes y centros culturales.
Distintos movimientos y organizaciones sociales, además de los delegados y delegadas de la ocupación, anticiparon su decisión de no aceptar el desalojo judicial y siguen insistiendo ante la administración bonaerense para que se avance en alguna alternativa que evite un enfrentamiento que generaría tantos daños a los ocupantes como un severo costo político para Kicillof si el procedimiento policial se sale de control. Alejandro Ignaszewski, referente territorial de la OLP-Resistir y Luchar, advirtió: “Esperemos que se llegue a un acuerdo para que mañana no ocurra un reguero de sangre”.
En los diez días que restan hasta el cumplimiento del nuevo plazo judicial, la administración bonaerense buscará reubicar a la mayor cantidad posible de ocupantes, sobre todo a los casi 2 mil que, según el censo realizado, tienen domicilio en el municipio de Presidente Perón.
