Construcción, reciclaje y alimenticias, rubros que esperan poder integrar planes con empleo formal

El esquema está en estudio y comienzan a delinearse los próximos pasos a seguir para que la Economía Popular pueda integrarse a sectores como: la construcción, el reciclaje y la producción alimenticia, de modo de generar el verdadero anclaje entre los planes sociales y el empleo formal.

A pocos días de las primarias, el Gobierno insiste en que el camino para poner de pie a la Argentina es el del “trabajo y la producción”, pero no podrá pasar por alto el contexto, en el que será indispensable para ello hace compatibles planes sociales con el empleo formal.

Lo cierto es que hoy en el país hay 141 programas sociales de ayuda para los más de 20 millones de personas que reciben asistencia estatal para sobrellevar los efectos de la pandemia y de la vieja recesión que desde el 2018 golpea el poder adquisitivo de los salarios, devaluados –en promedio- en más del 30%.

Dentro de las asistencias, hay más de un millón son planes tradicionales de trabajo y cooperativas de trabajo,  otro millón es Potenciar Trabajo, se suma otro tanto de Trabajo Joven, y otros subsidios que intentan reparar la pérdida de changas o subocupaciones existentes previo a la pandemia y que se perdieron por el cierre de actividades sin certeza de que puedan recuperarse al reabrir todos los rubros de la Economía.

Actualmente hay unos 140 tipos de planes sociales y ayudas estatales para contener a más de 20 millones de habitantes | Estado de Alerta

Pero esa transición no será sencilla y existe cierta desconfianza mutua entre posibles empleados y empleados. Los primeros temen a la falta de continuidad. Los segundos, a la falta de efectividad. Por ese motivo la idea es replicar un esquema similar al establecido para los trabajadores agropecuarios, que anunció Alberto Fernández en Entre Ríos, por el que podrán mantener el plan y a la vez ser dados de alta en los empleos temporales que demanda la cosecha. El esquema está en estudio para sectores como la construcción, el reciclaje y la producción alimenticia.

El flamante ministro de Desarrollo, Juan Zabaleta, alienta este esquema, también los “movimientos cayetanos”, que vienen desde años atrás trabajando por una verdadera integración, bastante más amplia que un desafío laboral, sino en el primer pedido del Papa Francisco: tierra, techo y trabajo.

El Gobierno tiene el desafío de encontrar una reconversión para los trabajadores de la economía popular. El registro nacional de trabajadores de la economía popular (Renatep) no para de crecer: llegó a 2,8 millones de trabajadores, y solo en los últimos 6 meses se inscribieron casi 740 mil, siendo la gran mayoría mujeres y jóvenes. De estos casi tres millones de trabajadores, solo el 22% recibe AUH y el 25% Potenciar Trabajo. La mitad de estos empleos se da en comedores y merenderos, servicio de limpieza, agricultura y vendedores ambulantes.

La discusión está en éste momento en analizar de quien deben depender los planes y asignaciones, y hay un fuerte impulso para que sea el mismo Estado –a través de sus organizaciones intermedias, como ANSES, quien distribuya los beneficios, sin necesidad de que sean los movimientos sociales los administradores de planes.

Otro punto de discusión es la precariedad de esos puestos de trabajo, por los que reciben montos escasos, muy por debajo de la línea de pobreza, cuestión que la CGT pide atender en momentos en que la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), intenta entrar a formar parte de la central de los trabajadores.

Emilio Pérsico, uno de sus principales integrantes de la UTEP y funcionario del Gobierno Nacional, afirmó que “ya no tenemos alternativa, hay que prender la economía popular” e insistió “con tener 300 mil compañeros trabajando en nuevos puestos en los próximos meses”. Sobre esos números trabajan los unos y los otros, pero a consciencia de lo difícil de esa transición y con la carga a cuestas de reiterados fracasos –en distintos gobiernos- al realizar ese intento.