La Cámara de Diputados de la Nación, en su última sesión del período ordinario, le otorgó media sanción a la ley de alquileres, un proyecto que logró el consenso entre oficialismo y oposición antes del recambio parlamentario que se producirá a partir de diciembre.
La Cámara Baja, que retomó su actividad la semana pasada, luego de meses de parálisis preelectoral, dio el visto bueno a un texto consensuado que lleva el plazo mínimo de los alquileres de dos a tres años, dispone una actualización anual (y no semestral) del precio de todos los contratos (independientemente de su valor), sobre la base de una fórmula de indexación mixta que combina en partes iguales la evolución de la inflación (IPC) y de los salarios (RIPTE).
Además, se fija que el depósito de entrada sea por un monto no mayor al valor al primer mes de alquiler y se amplía la gama de opciones que los inquilinos pueden presentar al propietario en concepto de garantía: ya no sólo se admitirán inmuebles de terceros sino también recibos de sueldos, certificados de ingreso, seguros de caución o avales bancarios.
El gobierno de Alberto impulsaría una gran moratoria impositiva y previsional
Por otro lado, se estableció que los gastos de expensas extraordinarias quedan a cargo del propietario y no del inquilino y se crea el Programa Nacional de Alquiler Social, destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal. Otro beneficio para los inquilinos es que podrán interrumpir el contrato y abandonar la vivienda en forma anticipada sin pagar indemnización, si cumplen con un mínimo de tres meses de aviso previo.
Asimismo, el proyecta da cuenta de la obligación a que la totalidad de los contratos sean inscriptos ante la AFIP, para evitar la evasión impositiva y posibles abusos por fuera de la formalidad legal. Tras la aprobación, el Parlamento se dispone en la tarde del miércoles a tratar la ley de góndolas.
