Continúa el conflicto en el sector lechero que ya lleva varias semanas, sin que la intervención del Ministerio de Trabajo pudiera acercar las partes. De hecho, la audiencia convocada para este miércoles desde la cartera que conduce Claudio Moroni, se vio frustrada por la ausencia de los representantes gremiales de ATILRA, protagonistas de esta disputa salarial.
Consultados frente a este “faltazo”, desde la organización sindical señalaron que la decisión de no participar se debió a que “no hubo ningún avance en la propuesta”, es decir “no había propuesta diferente a lo que habíamos rechazado”. En ese sentido aseguraron que de ser convocados para una nueva oferta superadora “irán sin ninguna duda”.
Con la Conciliación Obligatoria vencida el pasado 10 de agosto –con prórroga incluida-, La Asociación de Trabajadores de la Industira Lechera llevó a cabo un paro de 24 horas que ya finalizó pero aún continúa trabajando a convenio “sin horas extras ni feriados” hasta el próximo 23 de agosto y anticipa que “iniciará nuevas medidas de fuerza en las próximas horas ante la falta de acuerdo con las empresas del sector”.
“Estamos debatiendo un plan de lucha”, confirmaron los lecheros a Estado de Alerta, insistiendo en que lo que “estamos pidiendo una compensación que va directo a la cuenta del gremio y que “permite financiar la salud, cultura, educación”, todos servicios que presta el gremio, cuestión como un aporte mensual empresarial que se acordó en mayo del 2017 pero que nunca se actualizó.
Por ese motivo las asambleas rechazaron la última propuesta de las empresas lácteas ya que no hay “actualización alguna para ese monto que significan $750 pesos mensuales por trabajador en el caso de las empresas chicas, y de 1.500 en el caso, de las grandes” y sobre el cual desde ATILRA señalaron que “ni siquiera estamos pidiendo un ajuste por inflación, es simplemente una actualización razonable”, dado que han pasado tres años de esa rúbrica.
Los lecheros afirman que detrás de esto hay una intención “política” de las cámaras del sector para desfinanciar a la obra social y al propio gremio. Ese es el punto más álgido en el que están ancladas las partes sin que puedan moverse de ahí.
En tanto, entre las empresas y el Gobierno coinciden en la necesidad de evitar medidas de fuerza que puedan poner en peligro el abastecimiento de leche, aunque desde el sindicato desmienten ese riesgo.
Como hace algunas semanas, el Centro de la Industria Lechera Argentina (CIL), que agrupa a las principales productoras lácteas del país, advirtió nuevamente este lunes que «podría faltar leche» en los próximos días a raíz de la exigencia gremial de recibir un «aporte extraordinario adicional».
La situación respecto al reclamo de actualización salarial parece no encontrar su cauce. Desde el gremio ya han señalado en reiteradas oportunidades a este medio, que la industria del sector no está en crisis y ha trabajado como “productor esencial” durante todo el aislamiento, con lo cual no encuentra motivos para la negativa de la empresa a las negociaciones paritarias.
Por su parte, el CIL considera suficiente el otorgamiento de un aumento al básico del 13,6%, más una suma no remunerativa de 4% en agosto y septiembre, 8% en octubre y noviembre; y 12% en diciembre, lo que implica un incremento total de un 27,8% y lo considera superador respecto a la mayoría de los acuerdos paritarios firmados en este año» pero esa no es la mirada de los trabajadores de la leche.
