Luego de la decisión de Latam de dejar de operar en el país, por primera vez se vieron las caras en una audiencia virtual en el Ministerio de Trabajo representantes de la compañía y de los gremios que nuclean a los trabajadores. Los resultados no fueron positivos: no existió acuerdo, las posiciones de las partes poseen grandes divergencias.
Para los gremios, es fundamental que los 1715 empleados de la firma conserven su trabajo o, en su defecto, se les pague una doble indemnización, tal como establece el decreto que promulgó la Casa Rosada. También, como consta en el acta de la reunión, solicitaron que el Gobierno insista con la intimación a la empresa para que abone salarios adeudados.
Los retiros voluntarios son totalmente rechazados por los dirigentes sindicales y acusaron a Latam de «intentar eludir la prohibición de despidos y, en su caso, el pago de indemnizaciones duplicadas». Por otro lado, trascendió que pidieron citar por la fuerza pública a la CEO de la empresa, Rosario Altgelt.
Sin embargo, Latam mencionó la posibilidad de avanzar con el plan de retiros voluntarios y que se considere «la situación de fuerza mayor en la que se tomó la decisión», lo que le permitiría pagar el 50% de la compensación que corresponde en condiciones habituales.
«El cese de operaciones anunciado constituye una decisión tomada, como se expresara oportunamente a las autoridades gubernamentales de los diferentes ámbitos», indicó la firma, que a su vez detalló sobre el plan de retiros voluntarios que continuará «disponible en la medida que se disponga de los recursos financieros para ello. Una vez finalizada esta instancia administrativa, LATAM Airlines Argentina se encuentra legitimada para proceder con la extinción de los vínculos laborales en los términos dispuestos por el Art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo».
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En un contexto atravesado por la pandemia, la firma admitió «recursos limitados» y que irá volcándolos al pago de adhesiones al retiro voluntario y anticipos salariales. “Desde el 2016 en que empezó su déficit, la compañía privilegió explotar nuestro mercado interno desde Mendoza, Salta, Tucumán ,Córdoba y Rosario, con sus filiales en vuelos hacia los hubs en Chile, Perú y Brasil en lugar de hacerlo con Lan Argentina y los trabajadores argentinos”, aseguraron desde el sindicato de los técnicos aeronáuticos que conduce Ricardo Cirielli (APTA) sobre esta situación.
A la hora de determinar responsabilidades, desde la entidad gremial apuntaron a que “éste accionar fue posibilitado por la política aerocomercial del gobierno anterior” a quien culparon de no renovar su flota” y “devolver dos aviones al holding que levantó escalas”.
En ese sentido, desde APTA remarcó que “Lan Argentina comenzó a retirarse en el 2016. Fue una decisión estratégica del holding privilegiando la rentabilidad del grupo sobre la sustentabilidad de su negocio en Argentina”, con lo cual consideró que “la pandemia y la caída brutal de la demanda interna sólo aceleró los planes de Lan Argentina de retirarse para no afrontar importantes déficits, pero fue previo”.
