En un reciente plenario nacional de delegados, el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (Supara) confirmó la convocatoria a un paro los próximos miércoles 29 y jueves 30 de enero, “con presencia en los respectivos lugares de trabajo y sin afectación ni entorpecimiento del normal tránsito internacional de pasajeros y/o turismo”, denunciando la ofensiva del Gobierno de Javier Milei contra las condiciones laborales, los puestos de trabajo y los salarios de los trabajadores del sector aduanero en el marco de la absorción del organismo por la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Desde el gremio denunciaron la “consolidación de un mecanismo inicial de agresividad, basado en calumnias e injurias, los trabajadores de aduana hemos sido blanco de una campaña de desprestigio y enfrentamiento social que no solo nos estigmatizó como trabajadores, sino que incluso puso en riesgo nuestra propia integridad física en varias ocasiones”, dinámica por la que los trabajadores aduaneros fueron “presentados y expuestos ante la sociedad como parte de una “casta” privilegiada; un concepto que busca constantemente deslegitimar nuestra labor y pretende justificar políticas de recortes y despidos”.
Según explicaron, toda esta operación “tuvo por finalidad crear el consenso social y popular para intentar avanzar en el atropello de los derechos consagrados en nuestro Convenio Colectivo de Trabajo”, incluyendo la cuestión salarial. En este sentido, afirmaron que el organismo “mantiene una importante deuda salarial con sus trabajadores”, ya que desde febrero del año pasado no solo se congelaron las remuneraciones sino que también se los “excluyó injustamente del mecanismo de negociación de pauta salarial”.
También se llevaron adelante, “de manera unilateral, arbitraria e ilegal” distintas decisiones “tendientes a recortar aún más nuestros ingresos (las sucesivas reducciones del Fondo de Jerarquización, el congelamiento del valor hora de los servicios extraordinarios, de las horas extras, las horas puente y viático (y la reducción de sus respectivos cupos), entre otros”. En relación con la amenaza de despidos, Supara denunció que el oficialismo adelantó que para la futura estructura organizativa de los niveles inferiores del organismo se prevé “una reducción estimativa del 40%” del personal.
“Todas estas medidas no solo afectan al conjunto de los trabajadores, sino que también repercuten de manera directa en la eficiencia y eficacia de los controles que realiza el servicio aduanero sobre el comercio internacional de mercaderías”, añadieron desde el gremio.
Ante esta situación, el plenario de delegados planteó la necesidad de “entablar un plan de lucha basado en la defensa de nuestros derechos y de un modelo de trabajo que priorice la dignidad y el bienestar de todos los trabajadores aduaneros”, remarcando que “los trabajadores no somos el problema y nuestros salarios no pueden ser la variable de ajuste de ningún plan económico”.
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Por ello, “habiendo agotado todas las instancias de diálogo posibles”, el Supara convocó a un paro de actividades los días miércoles 29 y jueves 30 de enero, de 10 a 12, “con presencia en los respectivos lugares de trabajo y sin afectación ni entorpecimiento del normal tránsito internacional de pasajeros y/o turismo en general en los distintos puntos de frontera terrestres, fluviales, marítimos y aéreos”. Además, se aclaró que “quedan exceptuadas de estas medidas de fuerza todas las operaciones aduaneras vinculadas con razones humanitarias y/o de salud pública, etc.”. Y también se facultó a la Comisión Directiva del gremio “a ampliar y llevar a cabo todas las medidas, acciones directas y judiciales que resulten necesarias ante el eventual avance del conflicto”.
