La Asociación del Personal de Servicio Exterior de la Nación (APSEN) hizo públicas duras críticas a la decisión del Gobierno de Alberto Fernández de recortar el poder de los integrantes del servicio diplomático, traspasándoselo a funcionarios de recorrido político bajo las órdenes del canciller Felipe Solá.
Desde el gremio de los diplomáticos hicieron llegar sus planteos por escrito a la subsecretaria de Asuntos Legales de la Cancillería Inés Monzó, cuestionando la nueva estructura organizacional del Servicio Exterior, publicada la semana pasada como Decisión Administrativa 70/2020 en el Boletín Oficial. Esta nueva normativa le otorga más poder a funcionarios que no provienen de la carrera diplomática, lo que según APSEN “no se condice con el artículo 1 de la Ley 20.957, que asigna al Servicio Exterior la función de ejecutar la política exterior nacional”.
En este sentido, desde el gremio manifestaron su “fuerte malestar” y su “preocupación” al respecto. Además, se cuestiona el impacto que puede tener esta decisión en términos presupuestarios, ya que obliga a cubrir con personal externo funciones “para las cuales ya se encuentran plenamente capacitados los funcionarios del SEN”.
El gobierno podría avanzar por decreto contra las «jubilaciones de privilegio»
Según detallaron, la resolución tampoco sería compatible con el decreto 132/2020 que plantea “restricciones en materia de designaciones y contrataciones” en distintas áreas de la Administración Nacional, entre las que se cuenta el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Más allá de las numerosas designaciones para funcionarios políticos (como el vicecanciller Pablo Tettamanti, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales Jorge Neme, el secretario de Culto Guillermo Oliveri, el secretario de Malvinas e Islas del Atlántico Sur Daniel Filmus y el coordinador del presupuesto del ministerio Martín Yañez), habría una fuerte resistencia a los nombramientos de Remo Carlotto para la Dirección General de Derechos Humanos y de Silvia Vázquez en la Dirección General de Medio Ambiente, áreas que históricamente en manos de diplomáticos.
Se trata de un conflicto más en un sector que ya se encuentra en pie de guerra por el proyecto de reforma de su sistema jubilatorio de privilegio, que les permite retirarse con el 85% móvil.
