El Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), liderado por Mariano Vilar y el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, conducido por Mariano Moreno, establecieron el «estado de alerta y movilización” debido a la decisión del Jefe de Estado Mayor de la Armada Argentina Vicealmirante Carlos Allievi, de sacar de la jurisdicción de la Armada la Escuela Nacional de Pesca “Comandante Luis Piedrabuena”, denunciándola como «una privatización encubierta de uno de los tres prestigiosos institutos oficiales de formación de los marinos mercantes”.
En un comunicado oficial, ambos gremios destacaron que la medida “implica la renuncia de la Armada Argentina a cumplir en su plenitud las obligaciones que le instituye el artículo 1° de la Ley N° 22.392”. Por otro lado, destacaron que “los institutos mencionados han demostrado un nivel de excelencia en la formación y capacitación de los oficiales de la Marina Mercante reconocido internacionalmente”, según dijeron que le explicaron a Luis Petri, Ministro de Defensa de la Nación, en un pedido de audiencia.
En este sentido, detallaron que “los oficiales que tripulan los buques pesqueros son marinos mercantes, como lo demostraron durante el conflicto del Atlántico Sur, suspendiendo su faena de pesca para realizar tareas de avistaje de la flota enemiga y dar aviso de su posición a nuestra Armada”.
Asimismo, destacaron «la calidad de los cuerpos directivos y docentes de las instituciones» y “la claridad y transparencia con que la Armada Argentina ha cumplido hasta la fecha la responsabilidad instituida por el artículo 1º de la Ley Nº 22.392, como garantía para quienes se forman y desempeñan como oficiales de la Marina Mercante».
Los gremios marítimos coincidieron en remarcar que no hay razones presupuestarias para justificar la medida, ya que “históricamente estas instituciones han colaborado en forma intensa y desinteresada con las escuelas de formación y capacitación que funcionan bajo la órbita de la Armada Argentina”. Sin embargo, en caso de que hubiera un problema de este tipo, agregaron que “siendo conscientes que el costo para el normal funcionamiento de estos establecimientos educativos excede las posibilidades de asistencia de nuestros gremios, existen herramientas legales para solucionar la situación”, por lo que “deben buscarse fuentes alternativas de financiamiento que se sumen a la histórica colaboración que nuestros gremios siempre han prestado” como “tal vez la propia Ley de Pesca” para que “sea la propia actividad pesquera la que coadyuve a la formación de sus recursos humanos”.
Por último asumieron el compromiso de «mantener informada a la comunidad marítima conforme evolucione la situación”. Y ratificaron su “inquebrantable decisión de defender la permanencia de las escuelas de formación y capacitación de los oficiales de la marina mercante en el ámbito de la Armada Argentina».
