El Sindicato Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), rechaza la última versión del proyecto de desregulación del transporte por agua, advirtiendo sobre la «intención del gobierno nacional de derogar de manera encubierta la Ley de Cabotaje».
Desde el gremio, que encabeza Mariano Vilar denuncia que “el Poder Ejecutivo Nacional, en lugar de adoptar todas las medidas a su alcance para eliminar las asimetrías en el costo operativo que tienen los buques de bandera nacional respecto a sus competidores regionales, opta por pergeñar un régimen de excepción que significa, lisa y llanamente, la desaparición del cabotaje marítimo y fluvial nacional”.
SICONARA planteó su rechazo al “ proyecto de decreto que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado”, exponiendo “las intenciones entreguistas” de está iniciativa. “Al momento”, aclaró Vilar, “nunca fuimos citados a dialogar cuando estamos más que dispuestos a hacerlo.
Asimismo, Vilar se refirió a los efectos “devastadores” de las políticas de desregulación y su impacto en la legislación laboral: “La desregulación violenta a la legislación argentina y favorece a las empresas al otorgarles todas las facilidades para echar gente, como es el caso del pago de indemnizaciones equivalentes a 10 días de salario básico o, incluso, llegar al absurdo de otorgar licencias sin goce de sueldo por 10 años. Básicamente, te echan gratis”.
En este sentido, insistió en que «esto no se puede pasar por alto y es nuestra obligación oponernos rotundamente. La medida afecta directamente a las fuentes de empleo y supone la pérdida masiva de puestos de trabajo, ya que, de mínima, perderán el trabajo aquellos trabajadores que están gozando de sus francos. Además, el decreto procura cercenar el derecho a huelga».
Por último, Vilar llamó a los trabajadores del sector a oponer resistencia a las políticas “entreguistas” del Poder Ejecutivo nacional: «La avanzada del gobierno sobre nuestros derechos exige que nos mantengamos más unidos que nunca. No sólo vienen por nuestros derechos, sino que también vienen por nuestras fuentes de empleo y nuestros recursos naturales. Ya estamos trabajando en un amparo judicial y también tenemos el mandato de Asamblea para paralizar todas las actividades, incluida la pesca, y apelar a cualquier medida de fuerza que consideremos necesaria para la defensa de nuestras fuentes de trabajo, de la soberanía nacional y la independencia económica de nuestro país”, sentenció.
