La posibilidad de que el Gobierno de María Eugenia Vidal disponga de un nuevo tarifazo al peaje, un 33% en el Corredor Vial Integrado del Atlántico (Autovía 2 y Ruta N° 11 y conexas) y en la Autopista Buenos Aires – La Plata, fue rechazada por CONADUV, el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial.
El colectivo también dejó en claro que desestima la convocatoria a las Audiencias Públicas “no vinculantes” para el mes de marzo del corriente para «impulsar y justificar el nuevo aumento del 33 % en las tarifas de peaje».
Ante esta situación, Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA) y Coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial sostuvo: ”Ha quedado demostrado y confirmado que las Audiencias Públicas de carácter no vinculante son un simple formalismo y un desagradable show montado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, transformándose en una verdadera burla y falta de respeto hacia los participantes. En definitiva siempre se termina aplicando el nuevo esquema tarifario propuesto por AUBASA, pisoteando y vulnerando los derechos de los usuarios viales directos e indirectos y sin considerar la defensa del bien común”.
“El sistema de peaje que rige en nuestro País, tanto a nivel nacional como provincial, es inconstitucional, confiscatorio, injusto, inviable y antieconómico”, añadió.
Por otro lado, CONADUV señaló que, ante cada incremento de las tarifas de peaje, los argumentos esgrimidos «por el poder concedente son siempre los de la inflación, aumentos de costos operativos, y restablecer la ecuación económica-financiera del concesionario, no teniendo en cuenta para nada el bolsillo del usuario”.
En este esquema, manifestaron que «es evidente que el principal objetivo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de la Empresa AUBASA es recaudatorio y para seguir beneficiando a la patria contratista, el club de peaje y los amigos del poder, esquilmando brutalmente a quienes transitan por los corredores viales en cuestión».
Además establecieron que «con estos tarifazos que se dan en forma constante y sin considerar la difícil situación que atraviesa el País, siendo claramente recaudatorios, abusivos, inapropiados, y carentes de todo fundamento técnico-económico, el peaje actúa como un impuesto al tránsito y la circulación, y lo único que se logra es aumentar el costo de transporte y generar más inflación, ocasionando serios perjuicios sociales y económicos, a los usuarios viales, a las localidades servidas por los corredores en cuestión, y a toda la sociedad en su conjunto».
«En Argentina, aproximadamente más del 85 % del transporte de cargas y pasajeros se realiza a través de la red vial, motivo por el cual, el inapropiado, constante y descontrolado aumento del precio del combustible y peaje, genera una gran conmoción en la economía nacional y termina impactando fuertemente en la inflación que se dice querer combatir», afirmó el Comité.
Para concluir, el CONADUV reitera que califica «las tarifas de peaje que se están cobrando y que se cobrarán, de exacciones ilegales, lesivas al interés general, carentes de causa jurídica, con niveles absolutamente desproporcionados con relación al servicio, contrarios al interés general, y de beneficios abusivos para el concesionario».
