Mientras crecía la tensión en la calle, en el recinto del Senado también se produjeron fuertes cruces en lo que fue el inicio del debate en torno a la Ley Bases que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Después de lograr por el mínimo indispensable el quórum para comenzar la sesión, se esperan varias horas de sesión hasta llegar al momento de la votación en general, que si se lograra aprobar abriría la puerta a la discusión por artículos, que se extendería hasta la madrugada.
Con la lista de 43 oradores en curso para la primera parte del debate, alrededor de las cuatro de la tarde se caldeó el debate cuando el bloque de Unión Por la Patria propuso pasar a un cuarto intermedio para que una comisión de senadores vaya a chequear a la Plaza el desempeño de las fuerzas de seguridad, ya que se había desatado una fuerte represión contra los manifestantes, incluso con un camión hidrante disparando agua desde atrás del vallado contras las columnas de primera línea. La moción fue votada en contra, pero algunos senadores de todos modos se propusieron para chequear el estado de situación en la calle.
Contundente movilización en Congreso contra la Ley Bases, con gran presencia sindical
Dando cuenta de las fuertes presiones a las que estuvo sujeto el proyecto desde el inicio, tanto desde dentro como desde afuera del recinto, el oficialismo se resignó a hacer numerosas concesiones para no sumar un nuevo fracaso legislativo y lograr la aprobación de una Ley que consideran central. En ese sentido, se confirmaron cambios tanto en la Ley Bases como en el paquete fiscal.
Entre las concesiones más relevantes se cuentan la eliminación de las empresas estatales Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina del listado de entidades sujetas a privatización. En este sentido, fue clave la presentación que realizaron numerosos gremios de más de un millón de firmas contra la privatización. Siguen en condiciones de pasar a manos privadas Energía Argentina S.A., Intercargo SAU y otras que podrían ser privatizadas de manera parcial o concesionadas: Agua y Saneamientos Argentinos S.A.; Correo Oficial de la República Argentina S.A.; Belgrano Cargas y Logística S.A.; Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE) y Corredores Viales S.A., pero también en este caso el Gobierno debió aceptar que el proceso incluya la participación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, con la colaboración de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y control de la Auditoría General de la Nación (AGN).
El oficialismo también aceptó incorporar la prohibición de disolver los organismos como el CONICET, ENACOM, INCA, MALBRAN, ANMAT, ARN, CONAE, CONEU, CNV, INCUCAI, UIF, INTA, INTI, Banco Nacional de Datos Genéticos, SENASA, Instituto Antártico Argentino, Servicio Meteorológico Nacional, entre otros, muchos de los cuales ya habían sido amenazados de desaparición por el Gobierno o fuertemente golpeados en términos presupuestarios por la actual administración.
En cuanto al capítulo previsional, se anticipó el retroceso en la propuesta de derogación de la moratoria previsional y la creación de la Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que cumplieron 65 y que no completaron los 30 años de aportes jubilatorios.
Según se explicó, la derogación implicaba que 9 de cada 10 mujeres no podría jubilarse a los 60 años y debería esperar hasta los 65 años para acceder a una PUAM (con menores ingresos y prestaciones recortadas). También se acordó la continuidad de las obras públicas con un avance del 80% o que cuenten con financiamiento internacional.
También se sumaron cambios para el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), modificando su artículo 175 y aceptando “morigerar el procedimiento de aprobación de un VPU para evitar que, por cuestiones de estricto rigorismo formal, se rechacen proyectos o la Administración incumpla plazos de por sí, muy exiguos”.
Según el conteo previo, la votación podría concluir en un empate, con lo que la presidenta de la Cámara de Senadores y vicepresidenta Victoria Villarruel podría quedar en condiciones de desempatar. Por esto también se evaluó postergar durante algunas horas el viaje de Milei al G7, para que su vicepresidenta no tenga que reemplazarlo al frente del Ejecutivo y la potestad de desempate pase a otro senador, abriendo la puerta a seguros cuestionamientos constitucionales. Finalmente, si se lograr la aprobación en general, el debate pasará al análisis por artículo, que plantearía nuevos recortes a las pretensiones oficiales, extendiéndose hasta la madrugada del jueves.
