Después de reiterados pedidos del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) finalmente el Gobierno nacional confirmó la designación del titular del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), organismo cuya acefalía impedía que casi cuatro mil trabajadores pudieran cobrar las indemnizaciones correspondientes al fin de una relación laboral. La ministra de Capital Humano Sandra Pettovello nombró transitoriamente al frente del área a Carlos Mayo, un funcionario de carrera en el organismo dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.
El CPACF, presidido por Ricardo Gil Lavedra, junto a otras organizaciones de letrados venían planteando este reclamo hace meses, para destrabar miles de expedientes ya homologados, que permitían que las empresas no pagaran los montos acordados como indemnización laboral.
Los planteos de los organismos de abogados llegaron a manifestarse en un «abrazo simbólico» a la sede del SECLO, del que participaron letrados de la Asociación Abogados del Fuero, de la Corriente 7 de Julio, de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y del sector de conciliaciones, así como también delegados de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del organismo. Días atrás, Gil Lavedra le había enviado también una nota al Jefe de Gabinete de Ministros Nicolás Posse para reclamar una resolución urgente del problema.
«La inusitada demora en la tramitación de homologaciones de acuerdos ratificados resulta inadmisible, provocando gravísimos inconvenientes a los trabajadores y a los/as matriculados/as de este Colegio Público, toda vez que se encuentran comprometidos sus honorarios profesionales, tratándose en todos los casos de créditos alimentarios», planteaba la misiva de Gil Lavedra.
A mediados de abril el oficialismo había designado en forma transitoria a Pablo Martín Palacios Anchorena en el cargo de director del SECLO pero nunca llegó a asumir, definiéndose a última hora del viernes a Carlos Mayo para su puesto, cuya designación se hizo efectiva por medio de la resolución 158/24, que lo confirma al frente del área a partir del 23 de abril.
