Además de las tensiones que los recortes de partidas aplicados por el gobierno de Javier Milei generan en distintas provincias del país, en las últimas horas comenzaron a hacerse visibles protestas contra los tarifazos en los servicios públicos que autorizó el oficialismo desde su asunción, pese a que en algunos casos incluso se decidió postergar los aumentos previstos, que hubieran llevado las facturas de luz, gas y agua a montos mucho mayores. En ese marco, este martes el oficialismo avanzó con el recorte de subsidios a la energía.
En las últimas horas el oficialismo publicó en el Boletín Oficial una resolución que habilita un «período de transición» hacia un nuevo régimen de tarifas energéticas, pasando de subsidios generalizados a focalizados, buscando «trasladar los costos reales» de la energía a los usuarios por medio de una reducción gradual de los subsidios en las boletas de luz y gas. El Gobierno sostiene que «resulta conveniente iniciar la transición hacia un esquema de subsidios focalizados, representativos de un modelo basado en la autosuficiencia económica-financiera del sector energético, las exportaciones de gas y petróleo, la libre interacción entre oferta y demanda, y un marco de incentivos a la inversión privada en infraestructura». Esta transición, que implicará nuevos aumentos de tarifas, será por seis meses, hasta el 30 de noviembre de 2024.
En contraste con las decisiones oficiales, en las últimas semanas se vienen multiplicando las protestas contra los tarifazo eléctrico en la localidad salteña de Metán, en San Salvador (Jujuy), Quimilí (Santiago del Estero), San Rafael (Mendoza) y en Pinamar (Buenos Aires), entre otras ciudades. Los reclamos están protagonizados sobre todo por comerciantes que en un contexto muy complejo de desplome de las ventas por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios ven multiplicarse sus costos por los tarifazos.
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En Mendoza, la protesta estuvo convocada por la “Multisectorial San Rafael”, integrada por comerciantes y vecinos, que se manifestaron la semana pasada quemando boletas del servicio de electricidad en el centro comercial Kilómetro Cero, denunciando incrementos en las facturas de más de un 200%. Ante esta situación, la multisectorial impulsó una juntada de firmas para reclamarle al gobernador radical Alfredo Cornejo que retrotraiga los aumentos de luz, agua, gas, internet y telefonía celular, advirtiendo que su sostenimiento implicará el cierre de numerosos comercios.
El pasado 25 de mayo se instaló una carpa de protesta contra el tarifazo eléctrico en el Paseo de la Estación, repudiando los aumentos de la empresa Edesa. También se cuestionaron los brutales aumentos del gas y se lanzó otra recolección de firmas para reclamarle al gobernador Gustavo Sáenz la intervención provincial en el tema. Un mes atrás, las cámaras de comerciantes y pequeñas empresas concretaron un “apagonazo” en la capital salteña y en ciudades como Metán o Tartagal contra los tarifazos, que contó con la adhesión de organizaciones en defensa del consumidor y vecinos.
En Pinamar vecinos y pequeños comerciantes se concentraron frente a la Cooperativa de Agua y Luz de Pinamar (CALP) para protestar por los aumentos de entre 100 y 300%, que se tradujeron en facturas de más de 150 mil pesos para casas particulares y de un millón para comercios. Más de mil vecinos de la localidad balnearia se adhirieron a un recurso de amparo para retrotraer las tarifas a diciembre pasado, no cobrar punitorios y parar los cortes por falta de pago.
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En Quimilí, unos 400 vecinos quemaron gomas y boletas de servicios frente a las oficinas EDESA para reclamar contra los excesivos aumentos en las facturas eléctricas, obligando a intervenir a las fuerzas policiales. Anticiparon que, de no retrotraerse los valores de las tarifas, llevarán adelante nuevas protestas.
En la Ciudad de Buenos Aires se logró retrotraer el aumento del subte, que en mayo había pasado de 125 a 574 pesos (y que este sábado 1 de junio iba a aumentar a 650), gracias a una acción de amparo colectivo presentada por la Asociación Civil Observatorio de Derecho de la Ciudad y otras organizaciones y particulares. La jueza Elena Liberatori hizo lugar a la cautelar solicitada y ordenó a la Ciudad de Buenos Aires y la empresa concesionaria SBASE suspender los incrementos y retrotraer el aumento del pasaje en un plazo de cinco días hábiles.
