Este miércoles al mediodía comenzó el acampe de movimientos sociales frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que prevé extenderse por 48 horas, en reclamo de incrementos en la asistencia estatal para beneficiarios, comedores y merenderos en los diversos barrios populares.
La decisión de concretar el acampe se tomó después de un fallido encuentro del día lunes con el titular de la cartera Juan Zabaleta, su segundo Juan Aguilera y el secretario de Economía Social Emilio Pérsico. Hace algunas semanas el ministro había anticipado la intención del Gobierno de no seguir sumando beneficiarios a los planes sociales. Participaron de este encuentro las organizaciones que integran la Coordinadora por el Cambio Social (Frente de Organizaciones en Lucha, el Movimiento por los Pueblos, el Movimiento de Unidad Latinoamericana, Barrios de Pie/Libres del Sur, el MST Teresa Vive y fracciones del Frente Popular Darío Santillán), además del Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar y CUBA-MTR, entre otros.
En el encuentro con los funcionarios nacionales las organizaciones anticiparon que presentarán un plan de actividades laborales para titulares del Potenciar Trabajo, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social aceptó evaluar el aumento de asistencia alimentaria y el financiamiento para la compra de maquinarias, herramientas e insumos para cooperativas. Sin embargo, no hubo acuerdo en la exigencia de reabrir las altas para el programa ni el reclamo de reincorporar a los beneficiarios del Potenciar Trabajo que fueron excluidos tras los incidentes en el Congreso en el día de la votación del acuerdo con el FMI en Diputados.
En el inicio del acampe, las organizaciones convocantes hicieron una fuerte denuncia respecto de “un fuerte operativo policial del Gobierno y la Ciudad que impide el ingreso al punto de movilización convocado por la Unidad Piquetera de miles de manifestantes”, un operativo definido como claramente “represivo” que busca “impedir una manifestación pacífica en medio de una enorme crisis social”.
En el mismo sentido, los movimientos sociales concluyeron: “El derecho a manifestarse y reclamar está en la Constitución y ningún fiscal puede sobrepasarla. Exigimos el retiro del dispositivo represivo de Larreta para impedir el desarrollo de la manifestación. Hacemos responsable al Gobierno nacional y al de la Ciudad, de cualquier incidente que se produzca. Los reclamos se solucionan con respuestas a las necesidades populares, no con represión”.
