Este jueves el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Guillermo Scheibler intimó al Gobierno porteño a cumplir el fallo que ordenaba no computar las faltas a los alumnos que no concurran a las clases presenciales, en el marco de la disputa judicial que Ciudad está llevando adelante en relación con el decreto nacional que ordenaba volver a la virtualidad.
Hace algunos días un grupo de padres habían pedido un amparo judicial respecto de la presencialidad en la que insiste el distrito encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, en el marco de la preocupación por el aumento de contagios en la segunda ola de la epidemia de coronavirus. También la Defensoría del Pueblo de la Ciudad había confirmado que algunos docentes habían recibido órdenes de no dar clases de forma virtual a los alumnos que no se presentaran a las clases presenciales.
Dando cuenta de las denuncias presentadas, el juez Scheibler magistrado consideró que el Gobierno porteño “no solo no estaría acatando la manda judicial ordenada en autos sino que estaría desplegando una actividad en dirección opuesta a lo resuelto en la causa” y estableció “sanciones conminatorias” sobre la ministra de Educación porteña Soledad Acuña “en su carácter de responsable de máximo nivel de conducción”, por un monto de 50 mil pesos “por cada día de retardo” en aplicar esta medida. Ahora, después de la nueva resolución judicial, el gobierno porteño tendrá 24 horas para comunicarle a los establecimientos del distrito que no deben computarse las faltas de los alumnos que no se presenten.
También demandó se establezca en forma urgente un nuevo protocolo por el que los padres puedan elegir alternativas a la presencialidad, hasta tanto se logre controlar el avance de la epidemia, y dispuso que durante el mismo período no se vean afectadas por la decisión de enviar o no a los chicos a la escuela las vacantes, la regularidad, las becas o prestaciones.
En relación con los docentes, cuyas conducciones gremiales siguen impulsando distintas medidas de fuerza en contra de la presencialidad defendida por Larreta, en las últimas horas legisladores del Frente de Todos presentaron un proyecto de declaración instando al gobierno de la Ciudad a que no se descuenten los días de paro que se hubieran llevado adelante en el marco de la vigencia del DNU 241/21 que el presidente Alberto Fernández planteó hace dos semanas.
Según explicaron, el objetivo es que la decisión de la comunidad docente de proteger su salud y la de los alumnos, respetando las medidas establecidas por nación, no impacten negativamente en los salarios, en el peor momento de la epidemia de coronavirus. «El cumplimiento de un decreto nacional no puede traer aparejada una situación perjudicial para los trabajadores y las trabajadoras de la educación, tampoco para las familias y les estudiantes. Necesitamos que el Ejecutivo de la Ciudad respete la voluntad de la comunidad educativa que decide cuidarse y cuidar así a toda la sociedad», remarcan en el proyecto.
