Legisladores de la oposición, gremios docentes y referentes de la comunidad educativa se expresaron en el Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires en contra de la resolución del Tribunal Superior de Justicia que limita el acceso a jardines de infantes públicos a quienes no pueden pagar una institución privada. Y presentaron el pedido de juicio político para cuatro de los magistrados que firmaron el fallo.
Los magistrados apuntados son Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, que dieron sentencia definitiva sobre la demanda presentada por una mamá en representación de su hijo, quien inició una acción de amparo a los fines de que se ordenara al gobierno porteño incorporar al menor en un establecimiento público con jornada completa dentro de un radio razonable a su domicilio, o en su defecto, que el gobierno porteño subsidie la cuota de una vacante en un establecimiento de gestión privada u otra solución alternativa.
De esta manera, el fallo dejó afuera cualquier puerta de acceso a la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, ya que no permite que aquellas familias que no consiguieron una vacante en la educación pública por falta de la construcción de escuelas, tampoco puedan recibir un subsidio por parte del Ministerio de Educación para poder pagar una vacante en la privada; una medida que va en contra de decenas de dictámenes de la Justicia porteña que habían fallado en ese sentido.
De hecho, la determinación viola el artículo 24 de la Constitución porteña, que exige “asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”.
La legisladora Lorena Pokoik del Frente de Todos, abrió la conferencia de prensa de este lunes al señalar que «este fallo es inédito y le da la espalda a todo lo que hemos avanzado en conquistas de derechos. Es un fallo discriminatorio que está basado en la mercantilización de la educación pública, no nos olvidemos que es el mismo gobierno que le pide a estos jueces que le hagan un fallo a medida, que es el mismo ejecutivo que intentó cerrar los 29 profesorados docentes, de cerrar las 14 escuelas nocturnas, el que intentó cerrar el jardín maternal del hospital del Ramos mejía y el que no cumplió con la construcción de las 54 escuelas». En el mismo sentido, la diputada porteña manifestó que «este gobierno tiene un fuerte desprecio por lo público, por la educación pública, que lo que hace es dejar sin escolarización a los estudiantes para hacer lo que el mercado le pide: pibas y pibes que salgan a laburar en un mercado precarizado».
Para Santiago Roberto (FdT), el fallo contradice a la carta magna de la Ciudad. Por so, apuntó: “Pedimos el Juicio político para 4 de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. El fallo de este Tribunal es inconstitucional porque viola el artículo 24 de la Constitución porteña, que dice que el Estado debe asegurar y financiar el derecho de los niños y niñas de acceder a la educación pública a partir de los 45 días de vida. Es una sentencia vergonzosa que va en clara sintonía con las políticas excluyentes del gobierno porteño y representa un antecedente peligroso porque avala que el Estado no garantice las vacantes que, desde hace años, reclaman las familias que eligen la escuela pública. Lamentablemente para Larreta y la ministra Acuña la Educación pública no es una prioridad y encima tienen el respaldo de la mayoría automática en el TSJ”.
Programa Casa Propia: Fernández anunció 3 mil viviendas para municipios del sur del Conurbano
Por el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), la diputada Myriam Bregman aseguró que «esta conferencia de prensa es una primera respuesta a este escandaloso fallo del Tribunal Superior de Justicia y será seguramente el inicio de una serie de medidas que iremos tomando progresivamente porque este fallo no se puede aplicar y no hay que cumplirlo. Es un fallo inconstitucional que viola el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad y fundamentalmente viola todos los tratados de derechos humanos que hablan de la progresividad de derechos».
A su turno, la titular de prensa del sindicato docente UTE, Paula Caligna, afirmó que «en este momento Angélica Graciano, Secretaria General de UTE, se encuentra declarando en la causa que le abrió el gobierno porteño, que está siendo judicializada junto a otros compañeros de UTE y del gremio docente Ademys. Esta maniobra no es un hecho aislado, viene en conjunto con todo lo que hace el gobierno porteño, que utiliza a la justicia para ajustar en educación».
Por su parte el secretario adjunto del gremio docente Ademys, Jorge Adaro, afirmó que «este tribunal está subordinado al poder político, expresa las intenciones del gobierno de Larreta que pone como centro la educación privada y corre del centro de la escena lo que debe ser el acceso universal a la educación pública».
De la jornada también participó el gremio que nuclea a docentes privados SADOP, «expresamos el enérgico repudio al fallo de éste tribunal que responde a una misma matriz, que es el liberalismo económico, y desde la educación decimos que no: la educación es una sola y lo que tenemos que lograr es la inversión educativa ya que cada año hay menor presupuesto en educación», destacó la titular del gremio, Alejandra López.
De la conferencia estuvieron presentes además, las y los legisladores del Frente de Todos, Lucía Campora, María Bielli, Cecilia Segura, Laura Velasco, Victoria Montenegro, Juan Manuel Valdes, Leandro Santoro, Javier Andrade, Santiago Roberto, Manuel Socias, Matías Barroetaveña. Por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, el legislador porteño mandato cumplido, Gabriel Solano, el legislador Pablo Almeyda, y la legisladora mandato cumplido Laura Marrone.
Entre las organizaciones presentes participaron, Cooperadores en Movimiento, con su titular Pablo Cesaroni; Micaela López Rodríguez, de La vacante es un Derecho; Amparo López, del Centro de Estudiantes del lenguas Vivas; Camila Carrillo del Centro de Estudiantes del Mariano Moreno; y Ester Levy de FEDUBA. Entre las adhesiones se sumaron las Abuelas de Plaza de Mayo y las Madres Línea Fundadora; Familias de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas Comisión Zona Norte; Familiares y compañeros de los 12 de Santa Cruz; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; la APDH y Argentina por los Derechos Humanos y Buena Memoria, entre otras.
