El Gobierno porteño entiende que la situación social es compleja y, a menos de dos meses para las elecciones de generales de noviembre, decidió modificar el régimen de asignaciones familiares, congelado desde hace 12 años. Desde Uspallata, como el Gobierno nacional, buscan «poner dinero en el bolsillo de la gente».
Con ese objetivo, el oficialismo presentó un proyecto que comenzó a ser discutido este miércoles en miércoles las Comisiones de Legislación del Trabajo en conjunto con Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria. Esta iniciativa, de acuerdo al legislador de Juntos Claudio Romero, presidente de la Comisión de Presupuesto, estable cambios de envergadura, «como una actualización semestral de los importes de acuerdo a un promedio de los acuerdos salariales, la exclusión de las autoridades superiores y salarios por encima de los 114.500, aumento de importes respecto del valor base en el caso de los chicos con discapacidades y la incorporación de una asignación especial por violencia de género, entre otros”.
Este nuevo régimen beneficiará a unos 47 498 empleados públicos de la ciudad, regirá a partir del 1° de agosto pasado y se trata de “un régimen progresivo que reemplaza a uno regresivo y que otorga un mayor monto a aquellos con menores ingresos –expresó Romero- y así colaborar a que se mitiguen las asimetrías salariales, hay casos donde un trabajador va a cobrar un sueldo más por año”.
El impacto de la propuesta será importante “con solo cónyuge las tres primeras bandas tendrán una suba del mil por ciento; cónyuge y 1 hijo escolarizado con discapacidad la mejora anual será del 575% en la banda 1, en la 2 y la 3 431% y en la banda 4 364%; cónyuge y 2 hijos escolarizados banda 1 780%, banda 2 510% y 3 308% -concluyó el presidente de Presupuesto-“.
Legisladores de bloques opositores también presentaron alternativas. Una fue elaborada por María Rosa Muiños, diputada del Frente de Todos, quien consideró que la actualización de las asignaciones «se ha convertido en uno de los reclamos de los trabajadores del Estado de la Ciudad y en particular del sector docente porteño. Por lo tanto, se torna indispensable establecer nuevos criterios al efecto, que contemplen los nuevos escenarios sociales y económicos».
Por eso, su propuesta tiene «dos ejes centrales, por un lado, establecer un mecanismo efectivo de actualización que no permita se repitan escenarios de congelamiento como el descripto; y por otro, proceder a la inmediata actualización de los importes del Anexo B de la Ley N° 1208».
«Para la primera cuestión, se ha combinado la obligación de incluir anualmente en la Ley de Presupuesto el valor de las asignaciones familiares, con el práctico sistema de Unidades Fijas que ya viene siendo implementado en otras leyes de la Ciudad. Para proceder a esta primera actualización, se tomó como referencia los valores establecidos en la tabla de las Asignaciones Familiares de los trabajadores y empleados de la Administración Pública Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Que se contraponen a los escasos valores que rigen en Ciudad. De ello surge, que con carácter transitorio, se establezca un valor de referencia en el orden de $ 39,05 cada unidad fija», agregó
La legisladora del FIT Amanda Martin, autora de uno de los proyectos dados a conocer al respecto afirmó: “Las asignaciones vienen congeladas hace años. Es por eso que nuestro proyecto parte de algo muy elemental: que las asignaciones deben equipararse a todo lo perdido en los salarios durante estos años y de allí partir a una actualización mensual por inflación de acuerdo con la DG de Estadísticas de la CABA”.
“Esto no se encuentra presente en los demás proyectos, tanto el del PJ como el del PRO atan los aumentos al presupuesto e incluso en el del oficialismo aparecen diferenciaciones entre docente que antes no existía”, dejó en claro, al tiempo que sostuvo: “El proyecto del FIT U ha recogido el apoyo de diferentes sectores de trabajadores ya que toma lo que se venía reclamando”.
Otro integrante del Parlamento que estuvo atento a esta cuestión es Sergio Abrevaya, del GEN, quien presentó un proyecto en 2019 y lo re presentó en 2021, considerando que las prestaciones «mencionadas en la Ley N° 1.208 y sus modificaciones» deben ser «móviles».
Y planteó: «La movilidad se basará en un setenta por ciento (70%) en las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires elaborado por la Dirección General de Estadísticas y Censo (DGEyC) y en un treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE) que publica el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) , conforme la fórmula que se aprueba en la presente ley y se incorporará como Anexo III, y se aplicará trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario. En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario».
