Carlos Cisneros, dirigente gremial y diputado nacional, impulsa un proyecto, junto al también legislador nacional y Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, para declarar desde la cámara baja, un repudió al fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska, contra el capital accionario nacional de YPF, avalando el reclamo de «fondos especulativos», conocidos como «buitres», una experiencia que la Argentina conoce con todo lo que fue la negociación de la deuda externa, que protagonizó Roberto Lavagna como Ministro de Economía, durante la última etapa de la gestión presidencial de Eduardo Duhalde y los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner.
Puntualmente, ese juzgado estadounidense, que hoy encabeza Preska, es el mismo que ejercía como titular, el magistrado Thomas Griesa, en los tiempos del litigio de esos bonos de nuestro país, que habían sido adquiridos por fondos de similares características a Burford y Eton Park, hoy favorecidos por el reciente pronunciamiento de justamente, la principal discípula de Griesa.
Los argumentos de Cisneros, también referente del sindicato bancario, radican en el avance sobre «la soberanía Argentina», afirmando que este fallo del Estado Norteamericano, persigue un intento de «despojo de bienes nacionales estratégicos».
Paralelamente, la diputada Vanesa Silley, que también ejerce como Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU), un desprendimiento de la Unión de los Trabajadores de la misma actividad que lidera Julio Piumato, planteó el pedido de juicio político contra la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, que ordenó las detenciones de militantes del kirchnerismo, por una protesta con el uso de estiércol, en la casa de del diputado Espert, luego que el libertario insultara a Cristina Kirchner y su hija, en una charla ofrecida en una casa de altos estudios privados. En verdad Espert, se convirtió en un referente del discurso político de características violentas, que la legisladora recordó al mencionar la expresión «cárcel o bala» y la frase «a los kukas hay que colgarlos a todos en una plaza pública».
Silley acusa a Salgado de «mal desempeño en sus funciones», por mantener presa a Alesia Abaigar, Eva Mieri, entre otras dirigentes de la provincia de Buenos Aires, de manera «arbitraria», ejerciendo un «desconocimiento inexcusable del derecho». La solicitud, que también acompañó el senador Mariano Recalde, es una tarea en conjunto que legisladores que conforman el espacio que lidera la hoy detenida ex presidenta -luego de confirmar su participación electoral en los comicios bonaerenses-; en medio de una compulsa donde el Poder Legislativo empieza a encontrar más terreno fértil para enfrentar las medidas que dictamina el gobierno de Javier Millei.
De hecho Salgado mantiene un enfrentamiento con Cristina Kirchner desde la misma muerte su ex esposo, el fiscal Nisman, por la forma que se produjo e investigó su deceso, que asimismo en el campo de la representación laboral, determinó un quiebre para los trabajadores judiciales, con protagonismos antagónicos de Piumato (UEJN) y Silley (SITRAJU), cuando se profundizó y masificó el proceso legal.
