CIDH denuncia un recrudecimiento de la represión en Nicaragua

Lo que la CIDH denomina la «tercera fase» de la represión consiste en la criminalización de la protesta y de los manifestantes, una situación extremadamente grave y de consecuencias inusitadas.

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, denunció la existencia de la crudeza de la represión en Nicaragua consistente en el uso de las instituciones para criminalizar a los manifestantes.

En una rueda de prensa en la sede de la CIDH, en Washington, Abrao explicó que en la “primera fase”, que duró hasta mediados de junio, hubo una “represión tradicional con el uso desmedido de la fuerza de la policía directamente contra los manifestantes”.

La “segunda fase”, según Abrao, engloba la llamada “Operación Limpieza”, que puso en marcha el Gobierno del presidente designado, Daniel Ortega, con el objetivo de eliminar barricadas en feudos opositores, pero que se convirtió en ataques de paramilitares y policías contra la población civil.

“Estamos ahora en un tercer momento de la represión en el país”, aseguró Abrao, que ha detectado un “proceso de criminalización de los manifestantes”, tras la reciente aprobación en el Parlamento nicaragüense de una ley antiterrorismo, que, de acuerdo a la ONU, podría usarse para perseguir las protestas pacíficas.

“Ha habido -agregó- un proceso de transformación de la represión más cruda, más explícita, un proceso de represión burocrática, utilizando la propia institucionalidad, el sistema de justicia para detener a las personas, promover acciones y procesos judiciales en su contra”.

En esa tercera etapa de represión, Abrao incluyó las denuncias de “secuestros” que ha recibido la CIDH sobre ciudadanos que son detenidos en su casas y descubren que están siendo procesados penalmente cuando llegan a dependencias policiales.

A pesar de esta evolución, Abrao precisó que aún no es posible identificar una “tendencia” y apuntó que la CIDH ha pedido al Estado nicaragüense copias de los expedientes judiciales que se están usando para procesar a los manifestantes para ver si se está usando la nueva ley antiterrorista. Nicaragua cumplió ayer cien días de su crisis más sangrienta desde los años 80, con Ortega también como presidente.

Las protestas, que comenzaron el 18 de abril, han dejado 448 muertos, 2.830 heridos y 595 desaparecidos, según cifras ofrecidas ayer por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).