La Confederación General del Trabajo (CGT) y su regional del Valle-Puerto Madryn repudiaron la represión policial ordenada por el gobierno de Chubut contra trabajadores que protestaban contra una reforma provincial a la ley de accidentes laborales, exigiéndole al gobernador Ignacio Torres que deje de aplicar este tipo de protocolos represivos contra reclamos sindicales. La polémica iniciativa finalmente se votó en la Legislatura provincial, pero la regional cegetista continúa reclamando su anulación.
Este jueves 19 la CGT del Valle Inferior del Río Chubut y Puerto Madryn convocó a un paro y movilizó a la Legislatura provincial, cuestionando el proyecto que defiende la administración provincial para adherir al Título I de la Ley nacional 27.348, Complementaria de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo (una ley votada en 2017, durante la gestión nacional de Mauricio Macri). Las fuerzas de seguridad impidieron que la movilización llegue al Parlamento y reprimieron con dureza a los manifestantes.
La nueva reglamentación reforma el régimen de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), estableciendo en su artículo 1 la actuación de las “comisiones médicas jurisdiccionales” como instancia administrativa “de carácter obligatorio y excluyente”, responsables de evaluar la situación de un trabajador accidentado.
Especialistas en derecho laboral consideran “inconstitucional” esta reforma a la ley de Riesgos del Trabajo debido al “perjuicio que dicha norma ocasiona a los legítimos intereses” de los trabajadores, en tanto limita la posibilidad “de acceder a la justicia y al juez natural, cuando se vean afectados por una enfermedad o una incapacidad laboral”.
Además de repudiar la “brutal represión policial” contra trabajadores que “ejercían legítimamente el derecho constitucional a huelga y petición ante las autoridades”, el comunicado de la CGT nacional remarca que “el proyecto en cuestión promueve una regresión injustificada al derecho a la salud de los trabajadores, al delegar la resolución de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a instancias administrativas de comisiones médicas, restringiendo el acceso a la justicia laboral ordinaria”.
Según el Consejo Directivo Nacional de la central obrera, esta reacción oficial busca “acallar las voces disidentes”, por lo que instaron al gobernador Torres a no implementar protocolos que solo promueven la represión y persecución a trabajadores que protestan pacíficamente. “No naturalizamos el autoritarismo y la intolerancia como forma de gobierno”, concluyeron.
