Después de que este lunes el vocero presidencial Manuel Adorni confirmara la intención oficial del Gobierno de disolver la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), un proyecto que también implicaría el despido de cerca de tres mil trabajadores del organismo, generó fuertes repercusiones y repudios gremiales.
Adorni anticipó que el proyecto oficial apunta a “reducir 45% las autoridades superiores, casta política, y un 31% los niveles inferiores de la estructura actual”. Y añadió: “Es decir, en total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos. Además, van a reubicarse y pasar a disponibilidad unos 3.100 empleados que ingresaron durante el último gobierno de manera, entendemos, irregular. Esto va a suponer un ahorro presupuestario en torno a los $6.400.000 al año”.
Luego, desde la Oficina del Presidente se informó que la decisión de cierre de la AFIP se enmarca en el “plan de reducción del Estado y eliminación de estructuras ineficientes”, confirmando que en su lugar se creará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Desde la Unión del Personal Superior de la AFIP (UPSAFIP) afirmaron que no permitirán que se vulneren “los derechos de ningún trabajador de la Casa representado por nuestro gremio, entendiendo que todos los trabajadores gozan de la estabilidad que consagra el art. 14 bis de la Constitución Nacional”.
El titular del gremio Julio Enrique Estévez concluyó: “No serán toleradas desvinculaciones en base al origen político, ni por ninguna otra causa que no derive de un sumario administrativo con resolución firme. De igual manera no será tolerada ninguna forma de afectación de nuestros haberes, entendiendo que nos resguardan tanto la Constitución Nacional como nuestro convenio colectivo”.
