Un documento firmado de manera conjunta, el mismo día del paro y la movilización convocado por la CGT, busca apuntalar la unidad entre un amplio arco de organizaciones y entidades civiles y sociales ¨en defensa de derechos adquiridos, tanto en el campo de lo laboral, como en diferentes aspectos de la vida pública y privada.
Este objetivo abarca actividades de las áreas de la ciencia, el deporte, la cultura, los derechos humanos, laborales, civiles y sociales, sumando los sectores de las Pequeñas y Medianas Empresas y entidades representantes de inquilinos y sacerdotes de los barrios populares.
El documento se posiciona en defensa de ¨la división de poderes, de la democracia y de la Constitución Nacional¨, y destaca que esta unión de fuerzas ¨es la demostración real de la profunda preocupación que nos causa que se pretendan reformar más de 600 leyes, el Código Civil y Comercial y el Código Penal a través de un DNU absolutamente inconstitucional y de una Ley Ómnibus que, sin debate, pretende imponerse con la fuerza de las necesidades económicas de todos los sectores¨.
Y especifica como objetivo que ¨ningún trabajador puede desconocer la crisis social y económica que estamos viviendo, la inflación erosiona los ingresos de todos y dispara los precios a niveles inaccesibles, pero ninguna crisis puede ser la oportunidad para arrasar con los derechos fundamentales de todos los argentinos. Que nadie los confunda no defendemos privilegios, ni prebendas, defendemos el derecho a trabajar dignamente, el derecho a una jubilación digna, el derecho a la protección social, el derecho a la salud, el derecho al desarrollo económico, el derecho a explotar nuestros recursos naturales, el derecho a manifestarnos y protestar, el derecho al desarrollo cultural y científico.
Y sostiene que ¨las sociedades se transforman con diálogo y consenso, en cada sector social, económico y productivo hay interlocutores legítimos para ofrecer opiniones valederas, no se pueden imponer cambios de semejante envergadura y de tan variada temática en plazos perentorios bajo amenaza de sufrir consecuencias económicas más severas aún¨.
El documento también enumera en detalle la pérdida de derechos que significaría la aprobacion tanto del DNU como de la ley omnibus que presentó el Poder Ejecutivo.
Y denuncia que se ¨ponen en riesgo a nuestras pequeñas y medianas industrias, atropellan y desconocen garantías constitucionales individuales, derechos colectivos y derechos laborales, castigan al comercio del mercado interno, ponen en riesgo la soberanía territorial, económica, alimentaria y ambiental, desfinancian la salud pública, la educación pública, la investigación, las estructuras científicas y las instituciones culturales, vulnera el Código Civil, desprecian y se desentienden de los adultos mayores jubilados, habilitan la privatización de las empresas estatales a solo firma, enajenando así el patrimonio público, autorizan la extranjerización de nuestros recursos naturales y toda la arquitectura jurídica que sustenta el desarrollo nacional, pretenden arrogarse la suma del poder para el Presidente, desconociendo el orden republicano, desguazan al Estado, para quitarle su potestad de regulación, generan inseguridad jurídica desalentando las inversiones, construyen un aparato represivo y reformas del código penal, que no están al servicio de la seguridad de los ciudadanos, ni para combatir el delito y el narcotráfico, sino sólo al servicio de reprimir las protestas sociales y las manifestaciones gremiales y políticas¨.
¨Un enorme dispositivo jurídico¨ -argumenta-, ¨llevado adelante de manera autoritaria, pensado en favor de minorías económicas y financieras, y en desmedro de la enorme mayoría de la población. Diseñado por y para favorecer a grupos económicos, para realizar una brutal transferencia de ingresos desde la mayoría de la sociedad a una ínfima minoría¨. Y lo define como ¨un ajuste salvaje, que no va a corregir nada de lo que se debe corregir; sino que va a agravar todos los problemas existentes¨.
En este sentido las entidades y organizaciones firmantes, le solicitan a ¨Diputados y Senadores con independencia de los partidos políticos a los que pertenecen que se fortalezcan con la ¨la marcha multitudinaria -en referencia al paro y la movilización del 24 de enero-, para honrar el mandato político recibido y defender con su voto la división republicana de los poderes y la Constitución Nacional¨.
