Con expectativas positivas, la Confederación General del Trabajo, se expidió a favor de un desenlace favorable en la negociación de la deuda, y ha encontrado espacios de consenso con distintos actores para apoyar en conjunto la propuesta del Gobierno frente a los acreedores en lo que se cree “es la última etapa”.
Es mucho lo que se juega por estas horas, y por ese motivo, acompañar y fortalecer al presidente Alberto Fernández y a su ministro de Economía, Martín Guzmán, es clave, pues se está muy cerca de un acuerdo, pero los acreedores aún exigen algunas mejoras pese a que la Argentina insiste en que “esa es la última oferta posible”.
De modo que, la necesidad de destrabar esos desajustes menores, más atados ya a cuestiones legales que monetarias requiere dar los pasos justos, y tal como dice la CGT «contar con el acompañamiento de todos los actores de la sociedad que tengan responsabilidad institucional y busquen el bien de la Nación” para no dar margen a fisuras que puedan perjudicar el acuerdo.
Sabido es lo difícil que será poner al país de pie en éste contexto y generar posibilidades de verdadero crecimiento y desarrollo si no podemos evitar el default. De ahí la necesidad de resaltar el “gran esfuerzo financiero que significa para la Argentina” afrontar éste nivel de endeudamiento y comenzar a pagarlo con un país que arrastra una larga recesión.
Tal es así, que Fernández cuenta, en principio, con el aval sindical, con el aval del campo y de la industria, de la Iglesia y hasta alcanzaría sin dificultades el cuorum en el Congreso para aprobar el proyecto legislativo que incluye «el paquete de la deuda», consenso necesario que una cuestión tan delicada requiere.
Así es que, tal como ha dicho el ministro Guzmán, este Gobierno vino a resolver «un problema que la Argentina ya tenía» porque había comenzado a endeudarse en el año 2016 a 7% anual en dólares cuando el mundo pagaba tasas cercanas a 0 (cero), hecho que calificó de “irresponsable” y a lo que agregó también “que no hay deudor irresponsable sin acreedor irresponsable”.
«Los acreedores sabían que estaban tomando riesgo», concluyó Guzmán, por lo que es legítimo «que ganen menos de lo pensado». De lo contrario, «continuar cediendo ante sus pedidos significaría un ajuste que el Gobierno no está dispuesto a hacer porque eso significaría por ejemplo más desempleo o menos jubilaciones cosas que el Gobierno no está dispuesto a hacer», argumentó el ministro que cuenta con el apoyo de economistas de reconocimiento mundial, el apoyo del mismo papa Francisco y hasta la venia del Fondo Monetario Internacional.
Por eso hay un gran consenso en la “racionalidad de la oferta” y en “la sostenibilidad del acuerdo” que no es más ni menos que comprometernos a pagar lo que podemos, sin que esas cuotas le impidan a argentina desarrollar las políticas públicas que necesita para poder recuperarse de la crisis económica y social en la que ya se encontraba pero que se agudizará exponencialmente por la pandemia.
