Este lunes distintas las más importantes centrales y federaciones sindicales repudiaron la iniciativa del gobernador de Jujuy Gerardo Morales de reformar la Constitución provincial y el decreto por medio del que pretende sancionar y criminalizar la protesta social. En este sentido, se conocieron pronunciamientos de la Confederación General del Trabajo (CGT), de la CTA de los Trabajadores, de la Confederación Argentina de Trabajadores del Trasporte (CATT) y de la Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de La República Argentina (FeMPINRA), entre otras.
El texto cegetista titulado «Rechazamos cualquier coacción estatal contra el legítimo derecho de expresarse de las y los trabajadores» repudió» el decreto Nº 8464 sancionado el 9 de junio por Morales, mediante el cual, pretendiendo garantizar los derechos de libre tránsito y circulación, veda y penaliza la manifestación popular y de los y las trabajadoras, cercenando la libertad sindical manifestada en el derecho humano legítimo de huelga reconocido y privilegiado en nuestra Constitución y en tratados internacionales vigentes y de cumplimiento obligatorio para nuestro país».
La Central obrera consideró que acciones de este tipo «representan pensamientos vinculados con momentos históricos nefastos de la historia de nuestro país». Y agregó: «Iniciativas como las de Morales representan pensamientos y acciones vinculadas con momentos históricos nefastos de nuestro país, que tuvieron como fin acallar las voces populares, sindicales y de los y las trabajadoras, que de ninguna forma pueden ser toleradas ni avaladas por la sociedad, ni mucho menos por esta CGT».
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La CGT remarcó que «el uso de las fuerzas policiales y la intervención de la Justicia penal, como así también la inhabilitación para ocupar cargos públicos para quienes participen de las manifestaciones populares y sindicales, constituye una clara violación a los principios emanados por la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente interpretada en la Opinión Consultiva 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos».
Y concluyó: «Punir y sancionar con el código contravencional a quienes permanezcan en espacios públicos ejerciendo sus derechos constitucionales de protesta y huelga, y determinar el uso de las fuerzas de seguridad para desalentar tales manifestaciones sociales y sindicales, son medidas que no pueden ser toleradas en una sociedad democrática en donde la libertad de expresión y manifestación constituyen los ejes democráticos de la expresión social y de la construcción participativa de nuestra nación».
El titular de la CTA de los Trabajadores Hugo Yasky también repudió «la avanzada autoritaria del Gobierno de Gerardo Morales en Jujuy contra quienes alzan su voz en defensa de sus derechos» y denunció que el referente radical promueve «entre gallos y medianoche» una reforma constitucional «inconsulta y violatoria del Artículo 14 bis», además de intentar «consolidar una especie de Estado de Sitio permanente con la suspensión del derecho a la protesta a través de un decreto que prohíbe manifestarse a los sectores populares con penas propias de gobiernos dictatoriales».
El dirigente sostuvo que la iniciativa constituye un «globo de ensayo» de lo que Juntos por el Cambio «tiene previsto hacer si llega a ser gobierno para impedir las protestas que van a generar sus anunciados planes de ajuste».
«Avanza aún más sobre los derechos laborales con un acto de inusitada gravedad como la decisión de sancionar con suspensiones de dos años y cesantías a empleados públicos que ejercen sus derechos sindicales. Intenta de esta manera retrotraernos a la épocas más nefastas de gobiernos dictatoriales que utilizaron las cesantías y decretos de prescindibilidad para disciplinar a quienes reclamaban por sus condiciones de trabajo», agregó Yasky, al tiempo que convocó a la jornada nacional de protesta que se realizará en todo el país este martes 13, en solidaridad con el pueblo jujeño.
También la Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de La República Argentina (FeMPINRA), liderada por Juan Carlos Schmid, y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), conducida por Sergio Sasia, repudiaron el Decreto de Morales y sus declaraciones defendiéndolo.
Desde la FeMPINRA consideraron que el decreto «veda y penaliza la manifestación popular de los trabajadores». Una carta de Schmid enfatiza que la iniciativa “vulnera sin miramientos los derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes y de cumplimiento efectivo y obligatorio en nuestro país”. En este sentido, denunciaron que “la disposición del Gobierno jujeño pone en riesgo la institucionalidad democrática al penalizar la manifestación popular y agrediendo de manera sistemática a la libertad sindical en la medida que se pretende cercenar el legítimo derecho a huelga garantizado en nuestra Carta Magna”.
“Existe un sector de la dirigencia política que pretende retrotraernos a los períodos más oscuros de nuestra historia, donde el ejercicio de la violencia en todas sus dimensiones fue moneda corriente para atacar los derechos de la clase trabajadora”, agregó Schmid. Y concluyó denunciando que “a través de estas políticas se pretende imponer la falsa idea de que la protesta social es enemiga de la convivencia democrática”, mientras que “en realidad, lo que rompe permanentemente la armonía y paz social, es la política de la precarización y el sometimiento, a través de la imposición de un sistema punitivo y represivo que resguarda a la injusticia social como garante de intereses contrarios al bien común y a la independencia nacional”.
Desde la CATT, su secretario General Sergio Sasia y el secretario de Prensa Juan Pablo Brey criticaron a Morales por llamar a «restablecer el orden en la República Argentina» y a eliminar «la cultura de la impunidad que está imponiendo el kirchnerismo». Al respecto, considearon que estos dichos constituyen “un capítulo más en la competencia de esta danza política para ver quien se lleva el ‘premio al más duro’” y que “estas altisonantes expresiones, en línea con otros precandidatos, sólo exhiben la impotencia y la falta absoluta de ideas para resolver los problemas del país”. “Cuando hablan de orden a los palos, hay que recordarles que en todo proceso democrático, son las instituciones y la supremacía de la Ley, quienes deben resolver los conflictos políticos y sociales”, añadieron.
Luego afirmaron: «Frente a tan irresponsables declaraciones, podemos asegurar que no vamos a responder estas bravuconadas propias de perezosos intelectuales de igual forma”. Y finalizaron: “solo queremos dejar en claro y recordarles que todo el movimiento obrero argentino va a estar a la altura del desafío que nos pretendan hacer enfrentar, como lo ha hecho en toda su historia, inclusive ante las más crueles dictaduras militares”.
