La Conciliación obligatoria que dictó este jueves el Gobierno nacional respecto del paro que la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio) había lanzado para reclamar contra el regreso del Impuesto a las Ganancias está lejos de agotar el mapa de los conflictos gremiales detonados por la reimposición del tributo. Judiciales, camioneros, bancarios, aceiteros y muchos otros gremios anticipan reclamos judiciales y también medidas de fuerza.
Aunque la Confederación General del Trabajo (CGT) definió que no presentará un amparo judicial centralizado contra Ganancias, sí incorporó el reclamo por una suba “inmediata” del mínimo no imponible de Ganancias como “condición” para reabrir el diálogo con el Gobierno de Javier Milei, cortado tras la decisión oficial de ignoraron los planteos gremiales tanto en lo que hace a Ganancias como también a la reforma laboral y a la fijación del nuevo salario mínimo. El Gobierno fijó unilateralmente el pago de ganancias a partir de ingresos brutos por 1,8 millones de pesos para los trabajadores solteros y de $2,2 millones para los casados con 2 hijos.
Gremios y federaciones ya comenzaron a impugnar en la Justicia el retorno de Ganancias
El primer amparo contra Ganancias fue presentado por la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA). Desde el sector salud también la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (CICOP) anticiparon que irán a la Justicia por el tema. Pablo Maciel, titular del gremio, que integra la Mesa intersindical “El salario no es ganancia”, explicó que “en el escrito judicial sostendremos que se ha violentado el procedimiento de formación y sanción de las leyes previsto en nuestra Constitución Nacional, toda vez que una de las cámaras rechazó la propuesta promovida por el Poder Ejecutivo de gravar impositivamente el salario”. Al respecto, advirtió sobre “el impacto negativo que esta decisión tendrá particularmente en el sistema de salud al suprimir además las exenciones para que las guardias y horas extras no sean computadas para el mencionado tributo”, anticipando que “habrá serios inconvenientes para sostener los servicios de emergencia. Está claro que nadie estará dispuesto a trabajar más y ganar menos”.
El pasado 23 de julio, también la Asociación Bancaria presentó un amparo contra el retorno del tributo que consideran no solo “confiscatorio” sino también como una rebaja salarial “encubierta” que apunta contra el derecho de los trabajadores a la alimentación. “Este Gobierno no tiene intención de acordar con los trabajadores. El leitmotiv de sus leyes son todas en contra de los trabajadores. Los trabajadores pagan Ganancias, los no registrados se la tienen que aguantar y el que los tuvo sin registrar todavía tienen premio porque es el Estado el que se hace cargo de las cargas sociales”, detalló el titular del gremio, el también diputado nacional Sergio Palazzo.
La Federación Nacional de Camioneros también presentó un amparo para “obtener la protección del CCT 40/89 y de las remuneraciones de los trabajadores incluidos en su ámbito personal de aplicación”. El secretario Adjunto del gremio Pablo Moyano consideró que “están todos los elementos para que la cautelar salga a favor de los trabajadores por Ganancias” y remarcó la necesidad de “confrontar” contra el modelo que impulsa el Gobierno nacional.
Roberto Coria, titular del sindicato de guincheros, anticipó: “Los gremios portuarios nucleados en la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval (FeMPINRA) que encabeza Juan Carlos Schmid, vamos a presentar acciones judiciales con medidas cautelares ya que se afectan principios fundamentales del derecho del trabajo como la progresividad y la tutela del salario. Los gremios lo harán con trabajadores afectados por la reimplantación del impuesto al trabajo y la baja de las deducciones para nuestro sector. Todo para que se reconozca la regresividad del tributo, la protección del salario y nuestras especiales características como actividad portuaria”.
El Sindicato del Seguro anticipa que también realizará una presentación judicial contra Ganancias
Además de la presentación judicial, un plenario conjunto de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) que se realizó la semana pasada con la participaron más de 250 delegados de todo el país abrió la posibilidad de que en los próximos días se lance un plan de lucha nacional de este sector estratégico para la economía nacional. Martín Morales, titular del SOEA, explicó: “Con esta nueva imposición estaríamos tributando el 90% de los trabajadores aceiteros, algo que afecta muchísimo. Nosotros tenemos una lucha histórica porque siempre fuimos un sector que tuvimos buenos salarios y la vez que nos habíamos liberado de este impuesto injusto al bolsillo de los trabajadores que vuelva ahora es inaceptable”.
Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), ya interpuso una acción declarativa en defensa de los derechos de “incidencia colectiva” y planteó su inconstitucionalidad. Asimismo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional presentó una demanda reclamando la suspensión del cobro de Ganancias sobre sus sueldos por “inconstitucional” (ya que jueces, fiscales, defensores y empleados ingresados a sus cargos antes de 2017 no tributan, por lo que el cobro “menoscaba los derechos adquiridos”).
Neuquén: Cautelar de la Justicia para que estatales no sufran descuentos por Ganancias
También el Sindicato del Seguro, encabezado por Jorge Sola, anticipó una presentación, planteando: “Consideramos que esta ley es inconstitucional e ilegítima y constituye un retroceso en las conquistas de las y los trabajadores que luchamos para eliminar este impuesto y que en el año 2023, luego de muchos años de lucha, logramos su derogación parlamentaria que lo dejó sin efecto, permitiendo que más de un millón de trabajadores dejaran de tributar ese gravamen”.
La estrategia judicial ya dio sus frutos en algunas instancias, ya que la semana pasada un fallo del juzgado de Juicios Ejecutivos N°2 de Neuquén aceptó una cautelar presentada por la conducción provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y definió que docentes y empleados estatales locales “no deberán pagar” hasta que no haya una resolución de fondo, por considerar que “el gobierno local, puntualmente el Poder Legislativo, es quien tiene el conocimiento directo de la situación económica en la región, motivo por el cuál debe tener la potestad de sancionar aquellas normas legales que viabilicen el cumplimiento –por parte del Poder Ejecutivo Local– de aquello que la Constitución Provincial manda”.
